- La operación salida del rey emérito se ha convertido en una montaña rusa de altibajos para el Gobierno español de Pedro Sánchez y la propia Casa Real. Su salida del Estado español se leyó en un primer momento como un alivio para la imagen de Felipe VI porque ponía tierra de por medio y se alejaba con las sospechas sobre sus negocios irregulares pero, al ver que pasaban los días sin revelar su paradero, se convirtió en una operación opaca. Ahora que ha revelado que está en Abu Dabi (no se sabe si de manera provisional o permanente), se ha pasado del primer alivio por haber revelado al fin su destino, a una zozobra generalizada por lo difícil que es explicar su elección.

Además de elegir los Emiratos Árabes cuando están cuestionados en materia de derechos humanos y se sitúan cerca del área de influencia de las investigaciones al emérito por las comisiones que habría recibido por el AVE a La Meca, Juan Carlos I ha ido a parar a un territorio con tratado de extradición al Estado español, pero no con Suiza, donde se espera que el fiscal Bertossa sea más incisivo y que no le pesen los criterios de la inviolabilidad que operan en España.

Además, el convenio de extradición a España permite denegar la entrega por “edad o estado de salud”. En el caso de Suiza, ni siquiera lo hay. En cualquier caso, hay dos matices: por un lado, se desconoce si es el destino definitivo del emérito o si se mudará a otro país; y, por otro, Juan Carlos I ha dejado constar su intención de ponerse a disposición de la justicia española si fuera llamado a declarar, de manera que no habría que poner en marcha siquiera este procedimiento de extradición porque su entrega sería voluntaria. Negarse a ser citado supondría malograr el gesto que habría querido tener poniendo tierra de por medio para salvaguardar la monarquía en la persona de su hijo Felipe VI. En el caso estatal, no obstante, está por ver que se le llegue siquiera a citar. Por ahora no hay investigación judicial. Lo que hay es una investigación prejudicial de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que primero debe decidir si ve indicios. Se trata de imponer el criterio de que el rey es inviolable por los actos cometidos antes de abdicar.