- La ministra Montero se ha perdido en un laberinto al proponer a los ayuntamientos que le cedan sus remanentes a cambio de devolvérselos en un plazo máximo de quince años, e inyectar 2.000 millones este año y 3.000 el siguiente. Lo que ha quedado patente es que su decreto no tiene la mayoría necesaria para ser convalidado en el Congreso de los Diputados en septiembre. Solo el PSOE lo apoya, y sus socios de Unidas Podemos vienen de abstenerse en la reunión de la Federación de Municipios Españoles por no verlo nada claro, al mismo tiempo que algunas de sus confluencias han planteado abiertamente la guerra a Montero, como los comunes de Colau.

Ayer se confirmó también el voto en contra del Partido Regionalista de Cantabria de Miguel Ángel Revilla, y de BNG. En paralelo, crece la presión de los partidos que le proponen un plan B: la derogación de la Ley de Estabilidad que aprobó en 2012 el PP, de la mano del exministro Cristóbal Montoro, en plena crisis financiera. Es la ley que hace tapón e impide gastar los remanentes con autonomía. Sea por estrategia de desgaste a Sánchez o por convicción, hasta el PP lo propone: la Xunta de Galicia, liderada por Alberto Núñez Feijóo, pide ese cambio; y también el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Su mensaje es que la ley tenía sentido en su momento, pero no ahora. El PSOE sabe que tendría el apoyo de Unidas Podemos para hacerlo (es una demanda reiterada de Iglesias), pero parece que le preocupa que la Unión Europea pueda frenarlo.

La ministra de Hacienda continuó recibiendo negativas que se acumulan en su bandeja como el correo no deseado. El PRC votará en contra el decreto de los remanentes. Su líder, el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, confirmó el voto del diputado Mazón, ve "inasumible" el planteamiento y avisa de que ningún ayuntamiento de su partido "va a entregar ese dinero". "La fórmula que han buscado es vergonzosa, no tiene un pase", sentenció. Según dijo, el espíritu de la medida del PP en 2012 no era que ese dinero de los ayuntamientos "permaneciera indefinidamente inactivo". Cifró el ahorro de los ayuntamientos de Cantabria en 450 millones que podrían acabar "con la mitad del paro".

El diputado de BNG, Néstor Rego, confirmó también que votará en contra de esta "incautación", y apuntó que la solución sería "derogar la Ley Montoro". "A estas alturas, el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso para validar el decreto", dijo Rego, que tampoco se fía de las buenas palabras de Pedro Sánchez, quien acaba de abrir la puerta a la negociación para evitar una derrota parlamentaria. Confía en que el decreto no salga adelante y se dé paso a otra solución, "la derogación de la Ley Montoro para que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes para gestionar la emergencia sanitaria". No acepta una "incautación más blanda".

Montero dijo que el PP busca el desgaste de Sánchez sin proponer alternativas. "¿Dónde estaba el PP durante una década en la que los ayuntamientos no han podido utilizar estos remanentes? Yo no he escuchado a ningún alcalde del PP durante ese periodo, también en momento de crisis, reivindicar al Gobierno de España la posibilidad de utilizarlos", dijo. Insistió en que el PP fue el defensor de la austeridad a ultranza y ahora "no hace ninguna propuesta "y todo lo que se les ocurre está fuera del marco legal".

Desde los ayuntamientos vascos, Eudel ha avisado de que el decreto no es aplicable en Euskadi por su régimen foral y exige regular la capacidad de gasto en la Comisión Mixta.

"Ningún ayuntamiento del PRC va a entregar su dinero; esta es una fórmula vergonzosa"

Presidente de Cantabria

"Hay que derogar la Ley Montoro para que los ayuntamientos utilicen sus remanentes"

Diputado de BNG en el Congreso