- Elena Garde, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Majadahonda (Madrid), especializado en violencia sobre la mujer, acordó ayer enviar al Tribunal Supremo el caso derivado de la detención del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés por un presunto delito de "malos tratos en el ámbito familiar".
Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la magistrada ha elevado una exposición razonada al Supremo y le ha remitido el expediente del caso, ya que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo es la competente para conocer los hechos que dieron lugar al arresto de Valdés en la madrugada del martes dado que, al ser magistrado del Tribunal Constitucional, goza de aforamiento. "La exposición razonada se eleva a los efectos de la supuesta e indiciaria comisión de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, recogido en artículo 153 del Código Penal", precisan las fuentes del TSJM. Al parecer, la jueza ve indicios de violencia física "leve".
Valdés fue arrestado por agentes de la Guardia Civil acusado de un supuesto delito de violencia de género. Varios testigos aseguraron que habían oído una fuerte discusión procedente del domicilio del magistrado. Uno de estos testigos fue más allá al señalar que escucharon gritos de auxilio y pidiendo ayuda de una mujer que estaba en una terraza del segundo piso -domicilio de Valdés- y que posteriormente vieron a un hombre que agarraba del brazo a la mujer y la metía dentro.
Tras declarar ante el juzgado, Valdés salió en libertad tras valorar la jueza su estado de salud, su avanzada edad (75 años), la situación de alerta sanitaria por el coronavirus y su aforamiento al ser magistrado del Tribunal Constitucional.
Tras quedar en libertad, el Tribunal Constitucional emitió una nota informativa en la que apelaba a la presunción de inocencia del magistrado. Además, abogaba por la "vuelta a la normalidad" del alto tribunal de garantías.
Asimismo, el presidente el Constitucional, Juan José González Rivas, interrumpió sus vacaciones para trasladarse a Madrid y entrevistarse con Valdés. Tras el encuentro, ni el magistrado presentó su dimisión ni el presidente del tribunal de garantías se la pidió.
Asimismo, las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI)- compartían la postura del Constitucional y entendían que la dimisión es una decisión personal y que, además, era prematuro pedir el cese de Valdés antes de que se esclarezcan todos los hechos denunciados.
Sin embargo, el apoyo brindado por las asociaciones de jueces y el propio Constitucional puede cambiar ahora que la jueza ha trasladado el caso al Supremo. De hecho, fuentes próximas al tribunal de garantías aseguraron que, si los magistrados del Supremo consideran oportuno abrir una causa para investigar los hechos denunciados, entonces "podría verse" la posibilidad de cesar del cargo al magistrado.
La voz discordante procedió del PP, para quien "los datos objetivos" que avalaron la actuación de la Guardia Civil eran "lo suficientemente graves" para "cuestionar" la permanencia de Valdés como miembro del Constitucional, aun respetando su presunción de inocencia. "Debe dar un paso atrás, sin prejuzgar los hechos", reclamó la vicesecretaria de Política Social del PP y diputada en el Congreso, Cuca Gamarra.
Fernando Valdés Dal-Re (Valladolid, 1945) fue designado magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE, donde entró en 2012. Su cargo es uno de los cuatro -junto con el del presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca y el magistrado Andrés Ollero- que están pendientes de renovación. Actualmente lleva temas de peso en el tribunal como la ponencia de la sentencia de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, así como las que debían dar respuesta a los recursos contra la prisión permanente revisable y el estado de alarma
Valdés es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid, además de profesor Honoris Causa por la Universidad de Valladolid. Profesor asociado también a distintas universidades europeas, ha colaborado con el Ministerio de Justicia en distintas legislaturas como experto en múltiples comisiones. Así, fue coordinador de la Comisión de expertos, nombrada por el Ministerio de Trabajo, para elaborar del proyecto de Estatuto del Trabajo Autónomo en 2004.
