- No va a escampar de la noche a la mañana. El Gobierno español tiene un problema político de primer orden con su intención de que los ayuntamientos le presten sus remanentes y, al rechazo unánime de todos los regidores salvo los propios socialistas, se le suma ahora la intención del PP de convertir este debate en un ariete contra Pedro Sánchez con una ofensiva desde las corporaciones locales, las calles y los tribunales. El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, anunció ayer movilizaciones en agosto y septiembre por parte de los cargos municipales de su partido contra la “traición” y el “latrocinio” de Sánchez, y avisó de que no van a ceder ni un solo euro a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es un boicot relevante por parte de casi 3.000 municipios, que se suma al hecho de que el decreto nace muerto porque no va a tener la mayoría necesaria para aprobarlo en el Congreso de los Diputados. Desde la comunidad autónoma vasca, el PNV ya ha aclarado por boca de Juan Mari Aburto que Bilbao no entregará sus remanentes porque el sistema foral del Concierto Económico establece que la tutela financiera de los municipios vascos corresponde a las diputaciones forales, y no al Estado.

Terol, por su parte, avisó ayer de que los ayuntamientos del PP no sucumbirán al “chantaje” de Sánchez y no cederán “los ahorros de sus vecinos para financiar la hoja de ruta socialista del Ejecutivo de coalición”. El PP ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra y va a recurrir al Tribunal Constitucional, además de llevar mociones a todos los ayuntamientos del Estado. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el socialista Abel Caballero, no se libra de la ofensiva y el PP propone que sea reprobado. Con su voto de calidad, hizo posible que se aprobara la propuesta de Montero en la federación ante las quejas del resto de los partidos. Terol esgrimió que gobiernan en 2.860 consistorios para dar mayor carga a su advertencia.

El PP dijo ayer que sí ofreció un plan alternativo a Sánchez y que podría haber modificado la Ley de Estabilidad. El Gobierno español, por su parte, ha propuesto que los ayuntamientos le cedan sus remanentes a cambio de un desembolso de 2.000 millones este año y 3.000 el siguiente, y de devolver el dinero en quince años, con el argumento de que es la única vía para que puedan gastar su superávit en la medida en que, de lo contrario, según los socialistas, estarían incumpliendo las reglas de gasto.

El viernes de la semana pasada, diez alcaldes firmaron un comunicado conjunto para pedir una rectificación a Montero, una demanda que une a partidos tan dispares como el PP o los nacionalistas catalanes. El PNV hace constar su sistema específico.