La Justicia belga ha rechazado este viernes la entrega a España del exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por malversación en el caso del 1-O.
"La Fiscalía de Bruselas puede confirmar que la Cámara del Consejo ha rechazado la ejecución de la orden de arresto europea considerando que la autoridad española que ha emitido ese mandato no era competente para hacerlo", ha señalado la Fiscalía en un comunicado.
La decisión, la primera que adoptan los tribunales de Bélgica sobre los políticos catalanes huidos de España en 2017, podrá ser recurrida, algo que la Fiscalía "está estudiando", según un comunicado.
La Cámara del Consejo de Bruselas, juzgado de primera instancia que ha examinado la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada en relación con el exconseller de Cultura, ha seguido los argumentos de la defensa de Puig sobre la falta de competencia del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para emitir la euroorden.
"Siempre sostuvimos que el Tribunal Supremo no era competente para estos hechos y personas; ahora, la Justicia belga nos da la razón con las consecuencias que ello tiene para el resto de procedimientos pendientes. Sin duda es un buen día para Puig y para todos", ha dicho el coordinador de las defensas de los políticos independentistas, Gonzalo Boye, en su cuenta en Twitter.
Vulneraciones de derechos fundamentales
El pasado 23 de junio, cuando tuvo lugar la audiencia donde se anunció la fecha de la decisión, Puig dijo que había pedido al juez que, si se decidía por una sentencia de no extradición, en ella quedara "claro y bien argumentado que no hay ningún indicio de malversación, pero sí muchas vulneraciones de derechos fundamentales, como ciudadano, como político y como miembro del Govern catalán de 2017".
El argumento de la defensa del político catalán siempre ha sido que la Justicia española lo está reclamando para ejecutar una orden de prisión que sus excompañeros de gobierno ya están cumpliendo, pese a que un grupo de trabajo de Naciones Unidas "la ha declarado arbitraria y contraria a los derechos humanos", en palabras de los abogados.
Este asunto quedó desvinculado del caso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la de su exconseller Toní Comín en el momento en el que a ambos se les reconoció la condición de eurodiputados, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el político catalán Oriol Junqueras emitida el pasado diciembre.
Las euroórdenes de Puigdemont y Comín están suspendidas hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español envió a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, para el que también se han ampliado los plazos por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
