- El Gobierno central sigue teniendo abierto de par en par un frente político y económico con los ayuntamientos de todo el Estado. Por un lado, ha enfadado a los municipios y a prácticamente todos los partidos por su apuesta por quedarse con los ahorros de los ayuntamientos e ir liberando esas partidas paulatinamente en los próximos años. La propuesta incluye una aportación de 5.000 millones de euros (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) para los ayuntamientos que pongan a su disposición sus remanentes. El PP se rebela, y tampoco lo aceptan los partidos de la moción de censura. El malestar creció ayer cuando el BOE publicó que el Estado tendrá 15 años a partir de 2022 para devolver a los consistorios sus remanentes, cuando en el acuerdo inicial se hablaba de 10. Habrá 400 millones para transporte.

Por otro lado, el PNV avisó ayer de que urge más que nunca la Comisión Mixta del Concierto Económico porque este acuerdo no vincula a Euskadi por su régimen foral y hace falta conocer otras cuestiones como el límite de deuda y el reparto de fondos extraordinarios. El alcalde de Gasteiz y presidente de Eudel, Gorka Urtaran, pidió convocar la reunión "cuanto antes" porque los ayuntamientos "no pueden esperar más". En una entrevista en Radio Euskadi, dijo que la tutela financiera de los ayuntamientos corresponde a las diputaciones forales, de manera que este acuerdo "no afecta a la estructura o sistema municipal", pero sí dijo que "es necesario" es que se convoque la Comisión para tratar "también desde un ámbito municipal cómo vamos a participar los ayuntamientos en una capacidad de endeudamiento, que tienen muy limitada los municipios". "Y cómo vamos a poder participar en los fondos extraordinarios que tanto desde el Estado como de Europa pueden y deben llegar a los ayuntamientos vascos", dijo. La Comisión Mixta se espera para la primera quincena de septiembre. El burukide Koldo Mediavilla ya avisó hace unos días en un artículo publicado por este periódico de que la propuesta del Gobierno español a la Federación Española de Municipios le parecía disparatada, y resumió con un: "Yo invito, tú pagas, y te diré cuánto y dónde".

Una holgada mayoría absoluta del Congreso ha anticipado ya su rechazo al decreto ley sobre la liberación de los remanentes y el uso del superávit, que se someterá a votación en septiembre. En la Junta de Gobierno de la FEMP, el PSOE no consiguió arrancar más votos a favor que los suyos propios, frente a los votos en contra del PP, Junts y Ciudadanos, y la abstención de Unidas Podemos, que tampoco lo ve con buenos ojos. EH Bildu también pide una rectificación. El PP estudia movilizaciones de sus ayuntamientos y cree que es una expropiación de tomo y lomo. Incluso fija este asunto como condición para negociar los Presupuestos estatales. El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, clave para aprobar el pacto por su voto de calidad en la organización, dijo ayer que hay casi 8.000 municipios sin dificultades y que para el resto, unos 200, existen líneas de apoyo. En un comunicado, dijo que esos 8.000 pueden elegir si hacen uso de sus remanentes o de su superávit o combinan ambos métodos.