l trampantojo es una técnica practicada por los artistas desde hace siglos. Pero esta habilidad para hacer aparentar como real algo que no lo es fue utilizada hábilmente hace 35 años por los responsables del cuartel de Intxaurrondo para ocultar un crimen. Un chófer de la compañía municipal de autobuses de San Sebastián fue detenido en plena noche y trasladado a un edificio del macrocomplejo de la Guardia Civil en Intxaurrondo. Su cadáver apareció en aguas del Bidasoa 20 días después. Y días después de que una treintena de buceadores de la Cruz Roja asidos de los brazos rastrearan palmo a palmo los escasos cien metros que separaban el agujero en la pared del túnel, por el que los hombres del comandante Galindo aseguraban que se había lanzado al agua mientras le acompañaban a identificar un zulo, y la presa de Endarlatza. Por cierto, un gesto difícil de creer teniendo en cuenta que no sabía nadar.

Decenas de indicios de que el joven de Orbaizeta murió en el cuartel: testimonios de su novia y los familiares y compañeros que fueron detenidos con él y luego liberados sin cargos y que le oyeron “como si se estuviera ahogando” y vieron un cuerpo de su porte en una camilla, informes forenses negando la posibilidad de que se hubiera ahogado en el Bidasoa, informaciones periodísticas (la primera de ellas en Deia) recabando testimonios de miembros de la Guardia Civil y del CESID residentes en Intxaurrondo que aseguraban que el joven murió ahogado en un piso del cuartel.

Indicios y realidades como que un cuerpo ahogado en un tramo corto de un río no puede no estar, tras una doble búsqueda de buzos voluntarios y de los propios efectivos de la Guardia Civil, y de repente aparecer. Pero que no fueron suficientes a ojos de los instructores de la causa.

Treinta y cinco años después, la Guardia Civil ha despachado una petición ciudadana que requería toda la documentación y expedientes relativos al caso de Mikel Zabalza alegando que la causa está aún en los juzgados, cuando es patente que fue archivada en 2010.

Una actuación del Gabinete Técnico de la Guardia Civil que recuerda mucho a la respuesta hace 35 años de un guardia civil a la puerta del cuartel de Intxaurrondo cuando la madre de Mikel acudió a interesarse por su paradero: “Si ha perdido a su hijo, vaya a buscarlo a objetos perdidos”.

La democracia tiene una deuda con la familia Zabalza. Una persona muerta cuando estaba bajo custodia policial. Una acción criminal que es conocida al menor detalle por los aparatos de inteligencia del Estado y que, sin embargo, no ha acabado en los tribunales.

La respuesta o, mejor dicho, la no respuesta por parte del general de división Manuel Llamas, como jefe del Gabinete Técnico de la Guardia Civil, un cargo ligado directamente a la directora del cuerpo, no hace sino profundizar aún más en el ocultamiento por parte de los aparatos del Estado de una de las historias más trágicas y más vergonzantes de la democracia española.

Como senador designado por el Parlamento de Navarra he solicitado en la Comisión de Interior del Senado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlasca, para que informe sobre la respuesta del general Llamas que se acoge a que la causa está abierta para denegar una información que debe de ser pública cuando es de conocimiento general que fue archivada hace 10 años.

O ha existido una intención de ocultación o, lo que no sé si es más grave, el Gabinete Técnico de la Guardia Civil ha demostrado que no es capaz ni de rastrear el estado de una causa judicial. Y es más grave aún que la negativa a responder a una petición de información ciudadana con ese argumento falso venga firmada por un general de brigada que hasta hace cuatro días estaba al mando de la Jefatura de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La pregunta que un ciudadano trasladó a la Guardia Civil, a través del portal de Transparencia, solicitaba toda la documentación y expedientes relativos al caso de Mikel Zabalza. “Necesitamos información relacionada con su arresto, desaparición y muerte”, señalaba textualmente el peticionario y esa misma pregunta y con esa misma justificación, porque necesitamos saber, se la haré llegar al ministro nada más iniciarse el nuevo periodo de sesiones en el Senado. Porque Mikel Zabalza no puede seguir siendo considerado por el Estado como un “objeto perdido” y porque es necesario exigir justicia y reparación en este caso, como lo hemos hecho siempre desde Geroa Bai en todos los casos de violencia injusta e ilegítima. Es necesario aclarar, aunque hayan pasado 35 años, las responsabilidades por la muerte de un joven navarro detenido injustamente y torturado sin que nadie haya respondido de ese crimen.