La Justicia tumba en tiempo récord el tercer grado de cinco presos soberanistas

De esta forma, los cinco reclusos condenados por sedición tan solo han gozado del tercer grado durante dos semanas -se les concedió el pasado 14 de julio-, situación que ellos mismos ya venían venir y de la que advirtieron el pasado fin de semana. Ahora, falta por conocerse qué ocurrirá con los beneficios penitenciarios de los otros presos del 1-O (Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa), aunque todo indica que correrán la misma suerte y verán derogada su semilibertad.

Por el momento, el juzgado de vigilancia penitenciaria acuerda suspender el tercer grado al exvicepresident Junqueras, a los exconsellers Romeva y Forn, al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y al de Òmnium Cultural Jordi Cuixart; siempre a la espera de resolver definitivamente el recurso que la Fiscalía ha interpuesto contra el régimen abierto concedido por el Departamento de Prisiones del Govern. En el caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, cuyos beneficios también ha recurrido el fiscal, la decisión deberá tomarla otra audiencia penitenciaria.

En su escrito, el fiscal reclamaba que se suspendiera de forma inmediata el tercer grado a estos reclusos para evitar que la semilibertad que les concedió la Generalitat cree una "total sensación de impunidad". Asimismo, la Fiscalía Provincial valorará en su momento acudir en apelación ante el Supremo, que la semana pasada recordó que cuando existe un recurso de apelación sobre la clasificación de los presos comporta efectos suspensivos inmediatos, tal y como se comprobó ayer con el visto bueno inmediato a la demanda por parte de la sala de vigilancia penitenciaria.

Según la Fiscalía, la condena a prisión debe constituir un medio de utilidad social y de "intimidación al delincuente", causando la sensación de que su actuación tiene "consecuencias perjudiciales". Por este motivo, en sus recursos contra el tercer grado, en este caso el de Junqueras, argumenta que permanecer en prisión es el "único modo" de concienciar al "delincuente" de que "no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley".

El ministerio público recuerda asimismo que la mayoría de los presos del 1-O no han cumplido una cuarta parte de condena -solo los Jordis y Forn- y que no obstante ya se les ha aplicado el artículo 100.2 cuando estaban en segundo grado para que salieran de prisión para trabajar o ejercer voluntariado, lo que es del "todo inusual".

Además, denuncia que, transcurridos "tan solo" seis meses desde su clasificación inicial en segundo grado, todos los reclusos del procés han progresado a la semilibertad, y además a la vez, "lo que muy lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad tanto en el interno como en la sociedad".

Dirigentes independentistas no tardaron en mostrar su malestar con la decisión exprés de la Justicia, que fue duramente critica en redes sociales por, entre otros, Quim Torra y el propio Oriol Junqueras.

Según el president de la Generalitat, la decisión de tumbar el tercer grado compromete el diálogo entre el Govern y el Ejecutivo español. "¿Este es el diálogo que ofrece España", se preguntó Torra en Twitter, en un mensaje en el que también criticó "la venganza como respuesta" de los tribunales.

En términos similares se pronunció Junqueras, que recordó que el tercer grado "no es ni impunidad ni libertad", sino un "derecho penitenciario" que tienen todos los presos. "No son juntos ni hacen justicia, aplican venganza", denunció el exvicepresident encarcelado.

"El tercer grado no es ni impunidad ni libertad, sino un derecho que tienen todos los presos"

Exvicepresident de la Generalitat