- La Audiencia Provincial de Madrid confirmó ayer la absolución del PP y de tres de sus trabajadores de la acusación de destruir los ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas con intención de eliminar su información para entorpecer la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional por la caja B. Desestimó los recursos presentados por las acusaciones populares, únicas que acusaban en esta causa, dado que la Fiscalía optó por no presentar acusación por estos hechos y el propio Bárcenas retiró la suya antes de que se cerrase el procedimiento judicial.
La sentencia avala así la actuación del magistrado que juzgó estos hechos frente al “rebuscado planteamiento y del que no existe prueba alguna” por parte de las acusaciones “de que el juez a quo sabía que iba a absolver” antes de dictar sentencia. En sus recursos, las acusaciones ejercidas por IU-Los Verdes, Asociación Justicia y Sociedad, y Observatori de Drets Humans, del abogado Gonzalo Boye, cargaban contra el juez por haber dejado para la sentencia la resolución de las cuestiones previas planteadas acerca de la doctrina Botín, que establece que las acusaciones populares no pueden pedir la apertura de juicio para determinados delitos cuando la Fiscalía y los perjudicados soliciten el archivo. La Audiencia entiende que el juez actuó conforme a derecho por practicar la prueba antes de tomar una decisión al respecto y que finalmente fue la de “deslegitimar” a las acusaciones para la persecución del delito de daños informáticos, al haber desistido de ello tanto la Fiscalía como el afectado. “Por el contrario lo que se desprende de su decisión es que pretendió resolver la cuestión de la mejor manera para evitar una nulidad del juicio y la necesidad de su repetición -que no podría haber vuelto a celebrar él mismo-, con el perjuicio que ello supondría para todas las partes”, sostiene la resolución.
Ratifica que el juez solo valorara en su sentencia el delito de encubrimiento, del que terminó concluyendo que no había quedado acreditado que los acusados, en el momento del borrado y destrucción de los discos duros, tuvieran la intención de eliminarlos para impedir o dificultar la investigación sobre la contabilidad B del PP.
Desde Génova se aprovechó ayer para requerir a PSOE y Podemos que tengan un “mínimo de responsabilidad” y reconozcan su error de injuriar al PP. “No le pedimos ni al PSOE ni a Podemos que pidan disculpas, pero como mínimo que reconozcan el error en las injurias y calumnias que se ha vertido respecto al PP y personas del PP durante estos años”, valoró el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López.