- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata da por acreditado que Jordi Pujol Ferrusola, hijo primogénito del expresident de la Generalitat Jordi Pujol "habría concedido su aval personal" por el total de 336.000.000 de pesetas -unos 2 millones de euros- para financiar ilícitamente a la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC). Así lo dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el auto por el que pone fin a ocho años de investigación sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol y por el que propone juzgar al expresident catalán, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

En la resolución, de 509 páginas, el magistrado destaca que existen "indicios sólidos" que acreditan que la fortuna no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia del abuelo Florensi Pujol, sino que se trata de una estrategia de ocultación de fondos liderada por el matrimonio y dirigida por el hijo mayor.

Sobre Jordi Pujol Ferrusola, el juez instructor recalca que "habría concedido su aval personal a operaciones de financiación ilícita del partido político Convergencia Democrática de Cataluña -condenada en firme por el caso Palau por el cobro de más de 6 millones de euros por comisiones ilegales- con liquidez suya propia en cuentas andorranas". El magistrado indica que por las fechas en las que se desarrolló la operativa, "parece que pudo relacionarse con una campaña electoral, las elecciones generales de marzo del 2000". "Por tanto, la liquidez gestada en virtud de las líneas de crédito podría haberse utilizado para obtener recursos con los que pagar servicios al partido CDC, relacionados con esa campaña electoral", dice el auto.

El juez explica que CDC propuso a las sociedades Hispart, Altraforma y Winner Graph, con las que venía contratando servicios de publicidad y propaganda para campañas electorales, proceder al pago de estos servicios mediante "procedimientos opacos, simulando la existencia de determinadas operaciones de préstamos a cada una de estas empresas". Los préstamos serían concedidos por Fibanc, entidad financiera con la que ninguna de las sociedades mercantiles tenía "relaciones comerciales o bancarias previas, ni de financiación ni de ninguna otra clase", sino con Pujol Ferrusola, pues disponía cuentas personales en dicho banco.

Según el juez, la elección de Fibanc por parte de Pujol Ferrusola para esta operativa "no parece casual", ya que tenía conexión con las cuentas andorranas desde las cuales se realizaba el aval para ejecutar la financiación ilícita.