- Desconcierto y enredo monumental. La población de Lleida y la comarca de Segrià se ha pasado todo el fin de semana sin saber a qué atenerse sobre su confinamiento en casa por el rebrote del coronavirus. El Govern de Torra decretó el encierro en los domicilios pero, para sorpresa de todos, la justicia se ha cruzado en su camino en una cuestión de emergencia sanitaria para considerar que no hay paraguas legal. El fiscal jefe de Lleida anunció que no lo respaldaba, y la jueza de guardia del territorio se negaba también a “bendecir” la orden del Govern porque cree que vulnera los derechos de los ciudadanos y que no se puede recurrir a una medida tan extrema como el confinamiento sin la cobertura del estado de alarma, que solo puede aprobar el Gobierno español de Pedro Sánchez. El president se reunió ayer con su ejecutivo con carácter extraordinario para aprobar un decreto que esquive la resolución judicial. En este conflicto competencial, la posición del Estado es tibia porque es consciente de que Torra tiene que actuar por la gravedad del brote. No contempla decretar el estado de alarma y dice que son las comunidades las que tienen herramientas para actuar, pero pide a Torra que respete la resolución de los tribunales, le invita a recurrir y le remite a otras medidas menos contundentes para cerrar locales y limitar aforos.
La consecuencia de todo este enredo fue la incertidumbre absoluta en los vecinos de la zona, que no sabían a qué atenerse. Todo ello, en medio de la revuelta de los alcaldes, que exigieron concreción y no tener que ejercer de juristas. Se negaron a aplicar el confinamiento hasta que quede claro el entuerto. En una comparecencia el alcalde de Alcarràs, Manel Ezquerra, dijo que los seis pueblos del Baix Segrià afectados por el confinamiento (Aitona, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Soses, Seròs, Torres de Segre y Alcarràs) no aplicarán las medidas hasta analizar el decreto de Torra. El enfado entre los comerciantes y hosteleros saltó también a los titulares de los medios de comunicación. Mientras tanto, los Mossos están acatando la orden judicial y solo velan por el perímetro de esos pueblos para que nadie entre ni salga de ellos.
La Fiscalía de Lleida ha considerado igualmente que el decreto ley anunciado por el president “sería de nuevo ilegal y recurrible al Tribunal Constitucional” si aborda derechos fundamentales. “No cabe decreto ley si toca derechos fundamentales”, dijo en declaraciones a Europa Press el fiscal jefe de Lleida, Juan Boné. Por lo tanto, también se rechaza el plan B de Torra. Boné señala que el artículo 86 Constitución dice que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos ley”. Sin embargo, “no podrán afectar” al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado; a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I; al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. El fiscal jefe de Lleida apunta también que el artículo 64 de Estatut dice lo mismo.
Torra aseguró ayer que “no acepta” la decisión judicial de la magistrada que ha rechazado el confinamiento parcial en el Segrià y avisó de que asumirá las “consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas”. “No aceptamos esta decisión judicial y el Govern toma la iniciativa y en las próximas horas, con un Consell Executiu extraordinario, aprobará un decreto ley para establecer un plan de rebrotes, para actuar con toda la contundencia que sea necesaria en cada rincón del país en función de los datos de la evolución epidemiológica”, dijo en una comparecencia de urgencia junto con el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, de ERC. Torra, eso sí, habló de indicaciones a la población y no de obligaciones dentro del plan de actuación de la Generalitat. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su parte, dijo que le consta que la Generalitat estaba trabajando y ofreció toda su colaboración.
“Asumo las consecuencias de no poner en peligro la salud de las personas”
President de la Generalitat
