- El PNV y EH Bildu se sumado ayer a un manifiesto en el que se reclama la puesta en libertad "inmediata" del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, suscrito también por Unidas Podemos, Más País, ERC, Junts per Catalunya, CUP, BNG y Bloc Nacionalista Valencià. El texto califica de "injusta" la condena a nueve años de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum del 1-O, además de pedir una reforma del Código Penal para derogar los delitos de rebelión y sedición.

En el manifiesto conjunto, titulado Por la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales, estas formaciones comparten el informe de Amnistía Internacional del pasado 13 de mayo en el que pedía la libertad de los Jordis y la anulación de su condena, a su juicio "excesiva y "desproporcionada", después de que el Tribunal Constitucional haya admitido los recursos de amparo contra la sentencia del procés. Los partidos firmantes piden que dicho informe sea tomado en consideración por el Alto Tribunal para que, conforme a sus conclusiones, ambos sean puestos en libertad "de forma inmediata".

Asimismo, demandan al Gobierno español que promueva una reforma del Código Penal que derogue o reforme los delitos de rebelión y sedición, ya que consideran que su aplicación, tal y como la interpreta el Tribunal Supremo en el caso de los Jordis, "resulta contraria al principio de legalidad".

Preguntados a este respecto, el vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, evitaron pronunciarse para no expresar posiciones contradictorias pese a compartir coalición. "La posición de mi partido ya la conoce usted. Aquí comparezco como vicepresidente y no me toca hacer comentarios al respecto", se limitó a decir Iglesias. Tan solo un día antes aseguró que los Jordis "son unos demócratas que deberían formar parte del debate político". Si se mojó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dijo que es "un tema judicializado" y se trata de "una sentencia firme que se ejecuta".