- El intento por ampliar la causa judicial abierta contra el delegado del Gobierno español en Madrid en el contexto de la crisis sanitaria, con el fin de salpicar al resto del gabinete de Pedro Sánchez en este proceso, ha caído en saco roto, al menos por el momento. La juez instructora rechazó ayer imputar al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, alegando que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" se refieren a las concentraciones y manifestaciones que el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, no impidió en los primeros compases de afección del coronavirus, especialmente las marchas por el 8M.

La acusación popular ejercida por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que integra a afectados por covid-19, pidió ampliar la causa a Simón, pero la juez respondió ayer que "este procedimiento no se dirige contra el citado denunciado". Añadió que "al menos dos juzgados diferentes tienen asuntos ya registrados en trámite" contra Simón, "por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia" presentada por la asociación, por lo que le conmina a dirigirse a dichos juzgados.

En su providencia dictada ayer, rechaza asimismo ampliar la denuncia de la asociación José María Mena contra el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno por delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades por permitir la masiva manifestación del Día de la Mujer, ya que "no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos allí enunciados". La titular del Juzgado de Instrucción número 51, Carmen Rodríguez-Medel, todavía debe pronunciarse sobre la petición de imputación a Simón que realizó el jueves la Asociación contra la Gestión del Coronavirus por los presuntos delitos de desobediencia y denegación de auxilio.

En el mismo escrito, la juez citó a declarar como testigos para el 11 de junio, un día después de que acuda Franco , a los responsables de varias asociaciones y sindicatos que tenían previsto realizar manifestaciones en fechas próximas al 8 de marzo y que, según un informe de la Guardia Civil remitido a ese juzgado, las suspendieron por motivos sanitarios. Dicho informe ha generado una crisis en el seno de la Guardia Civil, ya que el mismo está en el origen de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, muy criticado por los partidos de la derecha por ello.

Este asunto ocupó buena parte de la Comisión de Interior del Senado celebrada ayer, en la que Marlaska volvió a negar injerencias en el proceso judicial abierto por el 8M. "Ni este ministro, ni nadie del Ministerio, ni de la Dirección General de la Guardia Civil ha solicitado al señor Pérez de los Cobos ni el informe ni el acceso al contenido del informe", afirmó en referencia al documento que cargaba contra la gestión de Fernando Simón y acumulaba argumentos contra la celebración de las marchas del 8M.

"Tenemos muy claro lo que es la función pública, que debe caracterizarse por la competencia, la imparcialidad, la neutralidad y la comunicación entre la gente que interviene. Y en la no injerencia", enfatizó. Ello no fue suficiente y el PP, C's y Vox volvieron a pedir su dimisión y cuestionaron su versión sobre los relevos en la cúpula de la Guardia Civil.