- El cierre total de las empresas, salvo aquellas que se dediquen a servicios imprescindibles en materia sanitaria o de alimentación, no es para el Gobierno Vasco tan fácil como lo pintan. En medio de este debate tan delicado que han abierto otras comunidades autónomas como Catalunya y Murcia, o la propia izquierda aber-tzale con el argumento de que salva vidas en plena crisis del coronavirus, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu aclara que no tiene la competencia para hacerlo porque corresponde al Estado. Y, a día de hoy, el Gobierno español del socialista Pedro Sánchez no contempla esa medida extrema. Solo él puede pulsar el botón rojo como mando único en el estado de alarma. En cualquier caso, el Gobierno Vasco no discrepa con el planteamiento de Sánchez y comparte que es poco prudente un cese general de la producción por las "consecuencias sociales" que puede tener en la comunidad autónoma y porque sería difícil volver a levantar la persiana, tal y como defendió ayer el portavoz Josu Erkoreka. Algunas empresas podrían quedar muy tocadas por la pérdida de ventas y clientes, algo que es fácil imaginar que tendría como consecuencia despidos. Además, habría que hilar muy fino para que no se resintiera el suministro básico de alimentos o fármacos, que tienen que producirse en centros de trabajo.
El Gobierno Vasco pide a las empresas que extremen la precaución para garantizar la salud de sus trabajadores y, en la medida de lo posible, quiere mantener la actividad. Se trata de hacer compatibles ambos planteamientos, aunque el debate es muy sensible porque algunos sectores están contraponiendo el beneficio económico y el derecho a la vida, y situando al Gobierno Vasco a favor del primero. El Ejecutivo de Urkullu alerta contra un cierre que puede convertirse en definitivo. La crisis sanitaria va para largo, y pondrá a prueba las costuras para mantener el empleo.
En un clima de colapso en Europa, el coronavirus ya está teniendo de por sí un impacto en la economía vasca, donde la industria cuenta con un peso importante. Cebek cifró ayer en un 80 u 85% el porcentaje de empresas que está viendo cómo se reduce su facturación. Por esa razón, el Gobierno Vasco quiere preservar en la medida de lo posible la actividad, haciéndolo compatible con la adopción de medidas para que los trabajadores no vean en peligro su salud, como el teletrabajo, o el gel para las manos y más medidas de protección para los trabajadores presenciales, que son miles en la industria vasca y están expuestos porque no tienen la opción de trabajar en la comodidad de sus hogares. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, dijo ayer en ETB-1 que la competencia para el cierre total es del Gobierno español una vez decretado el estado de alarma pero que, de todos modos, cree que "las medidas que se han tomado hasta ahora han sido duras, y no podemos dejar la economía en coma". "Si se apaga, encenderla después sería más difícil, y quién sabe hasta dónde llegarían las consecuencias sociales", dijo, para añadir después que hay que impulsar el teletrabajo y otras actuaciones: "Hay que mantener la economía garantizando la salud y la seguridad de las personas".
La patronal vizcaina Cebek añadió como argumentos que hay que responder a pedidos de Estados Unidos y China y que, si no se hace, pueden producirse penalizaciones. Además, aseguró que las empresas vascas podrían quedarse sin clientes porque los suyos buscarían otros proveedores. A juicio de Iñaki Garcinuño y Francisco Javier Azpiazu, entrevistados en Radio Popular y Radio Euskadi, no hay que promover un cierre global "para que las empresas no sean un cadáver".
La situación es peliaguda, y ya se han producido ceses temporales o parciales, incluso por las quejas de los comités de trabajadores. Se han visto afectadas firmas como Mercedes Benz, Michelin o CAF. Algunos ámbitos se apoyan en lo sucedido en Italia, que está cerrando la actividad salvo en el suministro básico porque todavía hay mucha gente en la calle. En el caso vasco, desde el estado de alarma y de emergencia sanitaria, la inmensa mayoría de los comercios y la hostelería están cerrados, y se ha incrementado el teletrabajo en otros sectores.
Tanto Podemos como Equo pidieron ayer el cierre de la actividad no esencial y poner en marcha una renta básica para compensarlo. El Gobierno español, con la vicepresidenta Calviño, insistió en mantener la actividad para recuperarla con rapidez tras la crisis, y añadió que, "para que un hospital funcione, es indudable que tiene que seguir funcionando la industria química y farmacéutica del país, y tiene que seguir funcionando el transporte para ir a trabajar, y la industria textil tiene que seguir suministrando vestidos, y el agroalimentario, alimentación".
Este debate ha entrado de lleno en la disputa política en el Estado, donde se está produciendo un cambio de papeles inesperado: es el PP, con Murcia a la cabeza, quien reivindica la autonomía y lanza un pulso a Sánchez para cerrar la actividad en el territorio, mientras el president Torra descarta desobedecer. La orden de Murcia ha sido desautorizada por el Ministerio, y apoyada por Casado.
"Si se apaga la economía, encenderla será difícil; hay que mantenerla garantizando la salud"
Portavoz del Gobierno Vasco
"Para que un hospital funcione, debe seguir funcionando la industria química y farmacéutica"
Vicepresidenta de Economía
