- El Congreso ha pasado de ir al tran tran, a un estado de parálisis, de hibernación. La Cámara Baja lleva más de un año en situación de impasse. A la crisis política, con dos elecciones en siete meses el pasado año (20 de abril y 10 de noviembre), le ha sucedido ahora la virulenta irrupción de una crisis sanitaria en forma de pandemia con un coronavirus que se ha ido extendiendo por todo el planeta y se ha cebado en el Estado español.

La triste imagen que ofreció el hemiciclo en el pleno del pasado miércoles, con apenas dos decenas de diputados ocupando sus escaños, hay que situarla en la necesaria profilaxis médica con el fin de evitar el contagio del virus. Sin embargo, hay que señalar que antes de esta crisis sanitaria ya era notoria la mínima productividad del poder legislativo. Así, varios proyectos de ley del Ejecutivo de Sánchez y decenas de propuestas de los grupos parlamentarios deberán esperar. Además, la Mesa de la Congreso avaló el viernes pasado el plan de su presidenta, Meritxell Batet, para dejar en suspenso la actividad de la Cámara mientras dure el estado de alarma. La decisión, sin embargo, no fue unánime porque PP y Vox votaron en contra de parar el reloj de los plazos parlamentarios. La Cámara saldrá de su letargo este miércoles para, vía telemática de la mayoría de los diputados, prorrogar quince días más, hasta el 11 de abril, el estado de alarma.

La Cámara lleva más de un año sin tramitar una ley orgánica. Debido a los reales decretos ley enviados por el Gobierno, ha habido avances, pero a la manera del real decreto, es decir, se convalidan y punto final.

Las dos elecciones generales en 2019 bloquearon las tramitaciones legislativas en la Cámara Baja. La web de la institución es reveladora al respecto. Tras anunciar Sánchez el anticipo electoral en febrero de 2019, la Diputación Permanente del Congreso convalidó seis decretos durante el mes siguiente, entre ellos los controvertidos de los denominados viernes sociales, como el de igualdad o el del alquiler. Posteriormente, se produjo otra tacada de reales decretos en octubre una vez que se había anunciado de forma oficial la repetición de comicios -los de noviembre-, como consecuencia de que no cuajara la investidura del entonces candidato socialista tras las elecciones de abril.

La regulación de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas o el refuerzo de la seguridad en el ámbito digital (cierre de webs independentistas incluido) salieron adelante entonces. Luego se celebraron las elecciones, el 10 de noviembre. Hasta ahí duró el poco el recorrido legislativo durante el pasado 2019.

En estos primeros meses de 2020, el coronavirus ha erradicado los síntomas de recuperación. La investidura de Pedro Sánchez, que tuvo lugar el pasado 7 de enero, apuntó a la reanudación de la rutina parlamentaria. Por fin un horizonte temporal para llevar al pleno una proposición de ley y para que se tramitara; por fin el Gobierno podría enviar sus proyectos.

No obstante, la explosiva irrupción del covid-19 ha obligado a cambiar los plazos. La suspensión de la actividad parlamentaria significa la ralentización en la tramitación de siete proyectos de ley del Gobierno, entre ellos el del impuesto a determinados servicios digitales (la tasa Google) o el reciente de educación.

Además, en el Congreso se apelotonarán las proposiciones de ley de los distintos grupos parlamentarios, entre ellos PNV y EH Bildu.

Así, por poner un ejemplo, el PNV registró al inicio de legislatura sus propuestas en varias proposiciones de ley con las que pretende modificar, entre otras, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza), la de Secretos Oficiales o el Código Penal. En la proposición de ley de reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el PNV argumenta que en una sociedad democrática avanzada la seguridad es "un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo". Otra de las proposiciones del Grupo Nacionalistas Vascos en el Congreso hace referencia a la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal -que también requeriría mayoría absoluta- con el fin de derogar la prisión permanente revisable, al entender que "encubre la pena de prisión de por vida o prisión perpetua", lo cual "vulnera claramente los elementos nucleares de los principios constitucionales referidos al ordenamiento penal". Los jeltzales insisten también en otra proposición de ley en la reforma de la norma sobre secretos oficiales para adaptarla "a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad". Asimismo, el PNV tiene registrada otra proposición orientada al debate sobre la política penitenciaria y la situación de las presas mujeres.

Por lo que respecta a EH Bildu, la coalición tiene pendientes varias preguntas y algunas PNL. La más importante es la derogación completa de la reforma laboral, el establecimiento de un salario mínimo de 1.200 euros, y el reconocimiento del marco vasco y navarro de relaciones laborales. Además, está pendiente una pregunta oral al presidente Sánchez sobre las transferencias, una pregunta de Jon Iñarritu sobre las presuntas corruptelas de la monarquía y otra sobre la situación de los refugiados en la frontera griego-turca y la responsabilidad de España y la Unión Europea.

Por su parte, el PSOE, que conforma el grupo mayoritario en el Congreso, se mostró eufórico cuando el pleno tomó en consideración su propuesta para regular la eutanasia, el mes pasado. Sin embargo, el aterrizaje en la comisión que habrá de dar forma a la iniciativa, más el consiguiente debate, se tendrá que retrasar. Igualmente se retrasará la proposición de Unidas Podemos para fijar un plazo máximo en la instrucción, en el marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El PP, el pasado martes día 10, tenía listas para el debate de admisión a trámite sus medidas de endurecimiento del Código Penal. Pero fue justo el día en que la Mesa del Congreso decidió suspender quince días la actividad. Asimismo, el pasado sábado, un día después de que la Mesa del Congreso, con Batet a la cabeza, congelara la actividad, el Grupo Popular presentó 68 iniciativas parlamentarias: 16 proposiciones no de ley; una batería de 41 preguntas por escrito; ocho solicitudes de datos, informes y documentos; y tres comparecencias de ministros. Y todo ello por que, según su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, el Gobierno quiere "anular el control parlamentario" .

Vox tiene siete proposiciones pendientes, entre ellas la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil y la protección de los denunciantes de corrupción. La violencia de género acapara una de las diez proposiciones de ley de C's. ERC y el voto a partir de los 16 años o la reforma del estatuto de la Región de Murcia para acabar con los aforamientos son otras cuestiones pendientes.