Barcelona - La vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, aseguró ayer que la primera reunión de la mesa de diálogo entre los ejecutivos central y catalán, el próximo miércoles, se debería emplear en hacer un “diagnóstico” del enfrentamiento vivido desde que el PP “encendió la mecha” recogiendo firmas en contra de la reforma del Estatut de 2006.
Calvo, que formará parte de esa mesa de diálogo, culpó a los populares de haber permitido que la situación se deteriorara “sin hacer política, sin escuchar, sin dialogar y llevándolo todo a los tribunales”, frente a un independentismo que “pretendía de manera unilateral romper el orden constitucional”.
Sobre ese pasado que el actual Ejecutivo dice haber heredado del PP, Calvo propuso “reflexionar” y “construir un espacio de coordinación, lealtad y reencuentro” donde, en la línea que defiende el Gobierno central, no se precisan mediadores entre los representantes de los ejecutivos español y catalán.
“La acreditación que tenemos quienes formamos parte de los dos gobiernos es más que suficiente para lo que tengamos que decir, dialogar y acordar, más que suficiente”, respondió ante la insistencia de Junts per Catalunya sobre esta figura.
“Cataluña espera soluciones, es una sociedad que en la parte que no es independentista ha sentido de manera muy dolorosa todo lo que ha ido ocurriendo. Hay mucha gente, incluso en el campo del independentismo, que siente la frustración de todo lo vivido, así que vamos a empezar por una reflexión de qué es lo que ha ocurrido en tanto tiempo, cómo hemos llegado a este punto, cómo salir de aquí en términos constructivos para Cataluña y para España”, insistió.
Según la vicepresidenta, con la reunión del miércoles comenzará una “etapa radicalmente distinta”. “Ni el independentismo puede actuar de la manera que actuó ni la política desde el Gobierno de España puede estar en la desidia absoluta, en el abandono absoluto de los intereses de Cataluña y de España en Cataluña como lo hizo el PP”. E insistió en la idea de que la situación actual es “una herencia de la derecha más antipolítica y menos comprensiva del título VII de la Constitución (sobre el Estado de las Autonomías)”.
También estará en esa mesa el ministro de Universidades, Manuel Castells, partidario del derecho a decidir, que sin embargo ayer aseguraba que en la mesa defenderá la postura del Ejecutivo. “Mi posición será la del Gobierno”, señaló, incidiendo en que él, al igual que todos los ministros de Pedro Sánchez, prometieron la Constitución al tomar posesión de su nuevo cargo y que, por tanto, “somos todos constitucionalistas”.
Preguntado entonces por si no defenderá el referéndum, el titular de Universidades insistió en que defenderá la postura del Gobierno, que se tendrá que “consensuar” con la otra parte. “Pero yo formo parte del Gobierno español, no del catalán”, apostilló.
En todo caso, Castells subrayó que, tal y como aseguró el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se informará “con transparencia” a los ciudadanos de los resultados de esas reuniones de la mesa de diálogo entre los ejecutivos central y catalán.
Castells no cumplirá así con los deseos de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press saludaba su presencia en la mesa de diálogo y confiaba en que defienda “la autodeterminación” desde allí. En su opinión, la participación de Castells evidencia que la ANC tenía razón cuando argumentaba que “no tenía sentido que los comuns -la formación que postuló a Castells, vía Pablo Iglesias, como ministro- estuvieran en la premesa de asesoramiento del Govern”.
Vila y Sijena. El exconselller de Cultura de la Generalitat Santi Vila presentó ayer la escritura de su casa en Figueres (Girona) al juzgado para hacer frente a la fianza impuesta por su presunta responsabilidad por negarse a la entrega de los bienes del Monasterio de Sijena cuando estaba al frente de su departamento en el Govern que presidía Carles Puigdemont.