MADRID - La Audiencia Nacional (AN) sienta en el banquillo desde hoy a la antigua cúpula de los Mossos, encabezados por Josep Lluís Trapero, por el rol que desempeñó en el otoño de 2017 durante el proceso independentista, un juicio que servirá además para tantear el avance de la distensión y la desjudicialización que pretende implantar el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo si desde la Fiscalía se avienen a modificar sus conclusiones provisionales tras la sentencia por sedición que dictó el Tribunal Supremo a los líderes soberanistas. Tanto el exmajor de la Policía catalana, como a César Puig, ex secretario general de Interior de la Generalitat, y a Pere Soler, director general de los Mossos, se enfrentan a una petición de 11 años de cárcel por rebelión, mientras que la intendente Teresa Laplana está acusada de sedición y podría ser condenada a cuatro años de prisión. Desde luego, todo un plato fuerte para arrancar la temporada judicial de 2020 y que podría ser catalogado como el segundo capítulo del procés.

El Ministerio Público considera que los cuatro cooperaron de forma "decisiva, consciente e intencionada" con los dirigentes secesionistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Conselleria de Economía como durante el referéndum del 1-O, al entender que promovieron una "inacción y dejación de funciones" de los Mossos que permitió a los miembros del antiguo Govern de Carles Puigdemont alcanzar sus objetivos. A su juicio, Puig, Soler y Trapero, "cada uno desde su cargo y responsabilidad, se sumaron al plan secesionista poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial". A Laplana se le juzgará por su actuación durante el asedio a la Conselleria donde se estaba produciendo un registro judicial, cuyos responsables no pudieron salir del edificio hasta el día siguiente por la concentración de unas 40.000 personas. Trapero ya ofreció su versión en el Tribunal Supremo en calidad de testigo durante cuatro horas en las que defendió que sus órdenes a los agentes a su cargo nunca fueron dirigidas a permitir el la votación del 1-O. Es más, aseguró que desde dos días antes de esa convocatoria, los Mossos ya habían previsto un plan por si era necesaria incluso la detención del ahora president en el exilio y que se puso a disposición del fiscal superior de Catalunya y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Como ya habían declarado previamente otros mandos de los Mossos, Trapero contó al tribunal del procés que días antes del referéndum citó a Puigdemont, Junqueras y Forn a dos reuniones en las que les avisó de que, si seguían adelante con la votación, podía haber "desórdenes públicos". Los magistrados dieron toda credibilidad a esta versión, pues así lo reflejaron en su posterior sentencia. Además, defendió la actuación de los mossos durante el 1-O, afirmando que la magistrada del TSJC les había pedido "paciencia, contención y garantizar la paz social" y que el dispositivo para impedir la consulta era responsabilidad de tres cuerpos policiales, no exclusivamente de uno. También remarcó que los Mossos no cuentan con dispositivos suficientes para enfrentarse a "dos millones de personas" que preveían que saldrían a votar. "Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados. Hicimos lo que pudimos. Había dos millones de personas dispuestas a votar y unos 15.000 policías para impedirlo en cumplimiento de un mandato judicial. Por lo tanto, podía haber riesgo de problemas de orden público", señaló el major durante su comparecencia.

pérez de los cobos Una vez declaren los acusados en una vista oral que se prolongará hasta el 19 de marzo -Trapero, Laplana, Soler y Puig, por este orden-, la AN ha llamado a los testigos propuestos por las partes. El primero será el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1-O, quien también declaró en el juicio del Supremo y cuya relación con Trapero "fue siempre difícil", tal y como dijo él mismo. Después será el turno de Ferran López, el mando de los Mossos que sustituyó a Trapero tras la aplicación del artículo 155, con una versión semejante a la del exmajor de la Policía catalana. Los testigos que más atención mediática despertarán llegarán cerca del final del juicio: los condenados por sedición Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, así como el expresident Artur Mas. También pasará por la Audiencia la letrada de la Administración de Justicia que tuvo que salir por la azotea de la Conselleria el 20-S. La lista se completa con agentes de la Benemérita, Policía Nacional y de los Mossos, así como el exdirector general de la Policía catalana Albert Batlle -al que sustituyó Soler- y los comisarios Joan Carles Molinero, Manel Castellvi, José Luis Guerrero, Rafael Comes y Emili Quevedo. Jordi Jané, el exconseller de Interior que dejó el cargo dos meses y medio antes del referéndum y al que sustituyó Forn, también ha sido citado. El último testigo será Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior.

la tesis de la fiscalía De momento la Fiscalía no ha reculado en sus acusaciones y mantiene la tesis más dura. "Y no está previsto en este momento procesal una modificación de las conclusiones provisionales", explicaron hace semanas, eso sí, sin cerrar la puerta a un cambio de posición "tras iniciarse el juicio oral". El Ministerio Público centrará parte de su estrategia en demostrar la "pasividad" de los Mossos en todo el procés. El Supremo ya reprochó a este Cuerpo policial su "complicidad" con los votantes del referéndum, además de acusar a sus mandos de "cinismo" por no planificar una respuesta policial adecuada para esgrimir después que se encontraban desbordados. Es más, en su fallo, los magistrados llegan a acusar a los Mossos del traslado de algunas urnas en "vehículos sin logotipos", de "permitir que particulares se hicieran con ellas y se las llevaran", o de seguir a agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Catalunya para informar sobre ellos y contrarrestar así su intervención. Para colmo, el tribunal tendrá una mayoría conservadora, presidido por Concepción Espejel, encargada de emular a Manuel Marchena. Considerada afín al PP -en su historial está el "querida Concha" que le dedicó María Dolores de Cospedal-, fue apartada del caso Gürtel por su proximidad a la formación.

Hay varios condicionantes que no se pueden dejar de lado: la Fiscalía puede rectificar antes de empezar el juicio, durante los escritos previos y también al final, justo antes de las conclusiones. No lo hizo en el Supremo, cuando también se cambió la fiscal general del Estado, pero María José Segarra no pudo mover nada y el Ministerio Público se atrincheró en su petición de penas elevadas por un delito de rebelión. Ahora, con el polémico nombramiento de Dolores Delgado, que ha movido los cimientos del Poder Judicial y después de haber ejercido 18 meses como ministra de Justicia, veremos cuál es su margen de maniobra y si puede convencer a dos pesos pesados de la Fiscalía: Miguel Ángel Carballo, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, y Pedro Rubira Nieta, fiscal de la Audiencia Nacional.

la figura de quim forn Otro punto a tener en cuenta es que Quim Forn, condenado a 10 años y medio de prisión por un delito de sedición, menos de lo que se pide para Trapero. En la sentencia del Supremo se argumenta la pena del exconseller, que era el jefe político de los Mossos, porque ordenó un comportamiento policial que "permitiera simular su aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer infectivas tales legítimas órdenes jurisdiccionales y del fiscal superior". El texto remarca que "los Mossos en la mayoría de las ocasiones se vieron obligados por una aglomeración de personas impermeable a cualquier requerimiento, venga de los agentes o venga de la autoridad judicial, para desistir de su intento de cumplir la orden judicial y teniendo que claudicar en su objetivo, de forma vergonzante, resignada o en algunos casos casi complaciente". No sería lógico ni acusar ni condenar al major y a la cúpula política de los Mossos a una pena más alta por un delito más grave que a su máximo responsable.

Ahora bien, en el fallo del juicio al procés, el tribunal hace responsable del operativo policial a Trapero: "El acusado Sr. Forn aceptó los criterios expuestos por el jefe de los Mossos y fijó como objetivo prioritario de la intervención policial preservar la convivencia en referencia a una expresión presente en la imperativa resolución judicial, sin dar cuenta, por descontado, del sentido interesadamente atribuido a esta expresión. Con eso disimulaba su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados". Y refuerza la idea de que el dispositivo policial estaba pensado para permitir el referéndum.

En las cerca de 500 páginas de la sentencia del Supremo que condenó a la cúpula política del procés, el nombre de Trapero aparece catorce veces. El major de los Mossos ha querido estar completamente al margen de la vida pública los últimos 22 meses. Ha recibido decenas de propuestas para entrevistas, libros, biografías, documentales, series y hasta películas, y no las ha escuchado. Y se molestó cuando recibió una oferta política de JxCat. La resolución de la Audiencia Nacional y el recorrido del juicio dará una pista de si el conflicto catalán ha encontrado salidas a su laberinto. O si lo enquista aún más.

Exmajor de los Mossos, cargo del que cesó tras el 155. La Fiscalía optó por acusarle de rebelión, por lo que le pide 11 años de prisión.

Ex secretario de Interior de la Generalitat. Se enfrenta a 11 años por alertar de la actuación de los otros Cuerpos y facilitar información a los impulsores del 'procés'.

Exdirector de los Mossos. 11 años por dar "cobertura y protección a los organizadores del 1-O".

Intendente y responsable del operativo de seguridad en la Conselleria de Economía el 20-S. Le piden 4 años de prisión.