madrid - La diputada de Unidas Podemos en el Congreso y magistrada en excedencia, Victoria Rosell, será la próxima delegada del Gobierno para la Violencia de Género, según informaron ayer fuentes de La Moncloa.

Rosell dirigía antes de ser diputada el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria y se integrará ahora en el equipo que dirigirá Irene Montero como ministra de Igualdad.

Rosell tendrá como objetivo prioritario y más acuciante el desarrollo completo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un instrumento aprobado en 2017 con el apoyo de todos los grupos políticos a excepción del de Podemos, que se abstuvo al considerar que era poco ambicioso.

En el acuerdo del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos dejaban claro que “garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista” era una de sus prioridades.

Rosell, activista feminista que tendrá que lidiar con los sectores negacionistas de la violencia machista, será la responsable de reactivar las más de 200 medidas pendientes del Pacto de Estado.

Algunas requieren la implicación del Congreso de los Diputados y el Senado, como la modificación de normas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otras dependen directamente de determinados ministerios y algunas también de comunidades autónomas y ayuntamientos.

La reforma del Código Penal para revisar la reincidencia en la violencia de género y para imponer prohibiciones en caso del quebrantamiento de la condena por parte de los agresores o posibilitar a los jóvenes el cambio de apellidos para quitarse el del maltratador son algunas de las medidas que requieren la implicación del Parlamento y en las que no se ha avanzado por el momento.

Muy valorada por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el nombre de Rosell llegó a sonar como ministra de Justicia en un hipotético Gobierno, antes de ser víctima de una conspiración judicial que la apartó de la primera línea.

A este respecto, renunció a la política en mayo de 2016 tras abrirle la Fiscalía una investigación disciplinaria de la que el Consejo General de Poder Judicial la exoneró. Además, en septiembre de este año el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba tras considerar probado que cometió prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal para perjudicar a Rosell. - Efe