madrid - Tan solo unas horas antes de que arranque la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente español, la Junta Electoral Central lanzó ayer un torpedo que enreda su proclamación y devuelve la tensión a la política catalana: decidió fulminar de inmediato al president Torra y quitarle su acta de parlamentario. El terremoto lo ha provocado la derecha española, con los recursos que presentaron PP, C's y Vox ante este órgano, unos recursos que se han convertido en una vía para intentar boicotear la proclamación de Sánchez y tensionar su acuerdo con los soberanistas catalanes de ERC. La Junta Electoral Central decidió dar la razón a la derecha por tan solo un voto de diferencia (siete magistrados contra seis), y quitar el acta a Torra aunque no sea firme su condena a año y medio de inhabilitación por no haber retirado a tiempo los lazos amarillos de los edificios públicos en campaña electoral. Torra había recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al Tribunal Supremo, pero la Junta despachó ayer el asunto.
En realidad, está por ver si la decisión es irreversible o no, porque se puede recurrir al Supremo y hasta el PSOE cuestiona lo sucedido, también como guiño a ERC para que no se rompa el pacto de investidura. Pero el efecto inmediato es que la política catalana se ha convertido otra vez en un polvorín, ahora que parecía abrirse la puerta a una solución dialogada del conflicto con la mesa entre gobiernos que pactó ERC con Sánchez. Una mesa en la que ha quedado inhabilitado uno de sus interlocutores, Quim Torra. Y hay muy poco margen para reconducir la disputa porque la investidura de Sánchez arranca hoy. Torra reaccionó convocando por la noche a su Govern, donde la relación entre JxCat y ERC es cada vez más tensa, y pidió un pleno del Parlament para que hoy mismo le muestre su confianza. El presidente de la Cámara, Roger Torrent, de ERC, respondió convocando el pleno para las 17.00 horas. Se da la circunstancia de que hoy mismo arranca la sesión de investidura de Sánchez con el discurso del candidato, aunque no será hasta el martes cuando se produzca la votación final. Torra quiere que el socialismo catalán se retrate antes sobre su inhabilitación y concrete con un gesto las palabras de Adriana Lastra en contra de la decisión de la Junta Electoral. En paralelo, ERC ha convocado una reunión interna a primera hora.
Torra puede recurrir al Supremo y pedir la suspensión cautelar de la decisión de la Junta. Además, esa decisión de la Junta no se aplicará de inmediato y podría demorarse al menos hasta el miércoles, cuando se notificarán al president los seis votos particulares. Torra tiene intención de mantener el pulso porque el Estatut exige ser diputado para ser elegido president, pero no dice que tenga que mantener esa condición toda la legislatura. Y el Estatut solo contempla apartar a un cargo si la inhabilitación es firme. Por ello, cree que, si el Parlament lo revalida, no tiene que irse, al menos hasta que fuera condenado en firme en unos diez meses. La derecha se apoya en una reforma electoral de 2011 pensada para ETA, que permite apartar de inmediato a un cargo público por inhabilitación aunque no sea firme. Si Torra es destituido, el Parlament tendrá dos meses para elegir sustituto, o ir a las elecciones.
protestas contra erc La decisión se vivió como una injerencia de la Junta en la política, y multiplicó las presiones que está sufriendo ERC desde el mundo independentista por su acuerdo para permitir con su abstención la investidura del presidente español, justo cuando se ha tumbado al president catalán. La noche de ayer, nuevamente plagada de protestas en las calles, se saldó con gritos de botiflers (traidores) contra los republicanos que, en principio, habían asegurado antes de conocer la decisión que mantendrían su acuerdo con los socialistas para la investidura dijera lo que dijera la Junta. Sin embargo, ERC se reunirá hoy para analizar si el acuerdo con el PSOE sigue vigente. En cualquier caso, es posible que mantenga el acuerdo de investidura, que supondrá poner en marcha una mesa de diálogo entre ambos gobiernos para resolver el conflicto de encaje desde la política. La propia socialista Adriana Lastra echó un capote a ERC al asegurar que tiene "serias dudas" de que la Junta sea competente porque "no es un órgano jurisdiccional, sino administrativo". "No es un tribunal. Esperamos que el Tribunal Supremo responda cuanto antes", zanjó.
Torra compareció a la noche tras reunir de urgencia a su Govern y entregó de manera simbólica a la ANC la pancarta que le costó la inhabilitación, todo ello ante una plaza de Sant Jaume repleta de manifestantes. Poco después, la ANC retiró la bandera española del Palau de la Generalitat y colgó la pancarta por los presos, aunque unos minutos después volvió la rojigualda. En un brevísimo discurso tras media hora de reunión del Govern, Torra denunció un "golpe de Estado" y zanjó: "Mientras el Parlament me quiera, no dejaré de ser president". ERC atraviesa por un momento delicado y desde hace semanas suenan tambores de adelanto electoral en Catalunya por la tensión con sus socios de JxCat en el Govern. La Junta también decidió impedir que el líder de ERC, Oriol Junqueras, recoja el acta de eurodiputado.
El órgano enreda otra vez la situación catalana, ahora que se vislumbraba una solución dialogada con el giro pragmático de ERC y la mesa de gobiernos. Su anuncio retrotrajo a los soberanistas a un estado anímico similar al que se vivió hace dos años tras la aplicación del 155 por parte de Rajoy y el cese de Puigdemont.
La Junta decidió que se retire el acta de diputado a Torra, y revocó la decisión de la Junta Electoral de Barcelona. Declaró a Torra "inelegible" y recordó su sentencia de inhabilitación "para el ejercicio de cargos públicos electivos y el desempeño de funciones de gobierno". Pidió a la Junta de Barcelona que declare su vacante y corra la lista de JxCat. La Central la componen ocho jueces del Supremo elegidos por sorteo, y cinco catedráticos escogidos por los partidos. Los seis discrepantes proceden de los dos grupos (tres jueces y tres académicos). En la cita estuvo en duda si estos órganos son competentes para resolver quién es president, porque puede corresponder solo al Parlament, y el Estatut puede prevalecer sobre la ley electoral.
