El traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, un hecho de enorme trascendencia en sí mismo, no supondrá ni mucho menos el final del camino. Hay toda una serie de actuaciones pendientes, tapadas en las últimas semanas por el ruido mediático del desbloqueo de la exhumación, fijada finalmente para antes del día 25, que tocará repensar y acometer a partir del día siguiente de que el cuerpo del dictador se encuentre en el panteón familiar del cementerio de El Pardo.
Se trata del futuro uso que se dará a la mayor fosa común del Estado una vez despojada de la finalidad principal para la que fue concebida, servir de sepulcro de Francisco Franco. La gran cruz que preside el conjunto y la comunidad benedictina que opera allí son dos de las patatas calientes. No menos importante será el destino de los más de 30.000 cuerpos que permanecen en este enclave de Cuelgamuros, muchos de ellos trasladados allí sin el permiso, ni siquiera el conocimiento, de sus familiares. Al menos 1.231 son de ciudadanos vascos según el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora), una cuarta parte sin identificar.
Convertido en un foco de exaltación fascista desde su inauguración en 1959, con grandes procesiones que lo tienen como destino cada 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco en 1975, la gran duda es si será posible resignificar el Valle de los Caídos, administrado por Patrimonio Nacional, para convertirlo en un centro de la memoria sobre la Guerra Civil y la dictadura. También si se podrá vaciar de contenido religioso, con la comunidad de benedictinos encargados de la Abadía, la Hospedería y la Escolanía a través de un convenio.
Tras anunciar, el 18 de junio de 2018, su intención de exhumar a Franco en cumplimiento de una proposición no de ley aprobada en el Congreso, el Gobierno de Pedro Sánchez contempló en primer lugar la opción de crear allí un museo de la memoria. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, defendió el viernes que el Valle de los Caídos sea un lugar que “se circunscriba a la paz, al perdón, a la justicia de las víctimas de la atroz contienda” que vivió España. Amnistía Internacional reclamó el mismo día al Gobierno que adopte medidas para la “resignificación” de este enclave con el fin de convertirlo en “un lugar de verdad y memoria”.
En el más de un año transcurrido, son muchas las posibilidades que se han puesto sobre la mesa, con opiniones a favor y en contra: el derribo de la cruz, dado que se levantó como símbolo de legitimación religiosa de la Guerra Civil; la exhumación de José Antonio Primo de Rivera, que también se encuentra en el Valle; y la creación de un banco de ADN, como el que ya existe en Euskadi, para contribuir a recuperar no solo a las víctimas que están en Cuelgamuros sino a las más de cien mil que se reparten en fosas y cunetas por todo el Estado. Mientras, las visitas a este conjunto arquitectónico se han multiplicado coincidiendo con los planes de trasladar el cuerpo del dictador. En lo que lleva de transcurrido 2019 han crecido un 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 273.408 personas. Patrimonio Nacional obtiene 1,5 millones de euros al año por la venta de entradas para acudir al Valle de los Caídos.
Traslado a Euskadi El plan del Gobierno de sacar a Franco de su sepultura supuso el impulso definitivo para que las familias de los que están allí enterrados empiecen a ver la luz en su afán de recuperar los restos de sus allegados. “Están enterrados junto a la persona que dio la orden de sus muertes”, censuró en declaraciones a DNA Isabel Salazar, cuyo abuelo Melchor Lázaro Soto, fallecido en 1937 tras ser apresado por el bando sublevado, fue trasladado al Valle en 1961.
Franco dio orden en 1959 de llevar al mausoleo cuerpos de prácticamente todo el Estado. Juan Ramón Sertucha Larrea, sobrino de Santiago Sertucha Larrea -murió en 1939 tras resultar herido en la Batalla del Ebro y su cuerpo trasladado a Cuelgamuros en 1961-, aseguró que “por lo que me han dicho, la exhumación de Franco facilitaría la del resto”. En ambos casos, las labores para recuperar a sus seres queridos arrancaron en 2004, y para ello cuentan con la ayuda de Gogora.
Los afectados destacan además la necesidad del impulso político para llevar a buen puerto sus pretensiones, es decir, dependerá en gran medida del partido que esté en Moncloa. Por su parte, el Parlamento Vasco aprobó el pasado 22 de noviembre, sin el apoyo del PP, una resolución que reclama que los vascos que permanecen en el Valle sean trasladados a Euskadi.
