bilbao - La única discrepancia que ha hecho constar de momento EH Bildu con el borrador de Ley de Memoria Histórica del Gobierno vasco se refiere al asunto de las indemnizaciones a las víctimas del golpe y el franquismo, porque el texto no concreta las cifras y las deja abiertas a la espera de un estudio de viabilidad por parte del Instituto Gogora. Pero el secretario de Convivencia, Jonan Fernández, quiso dejar claro ayer que existe una voluntad clara de abordar el asunto de la reparación económica, aunque primero tendrá que haber un estudio para evitar que se dupliquen las ayudas con otras que ha ofrecido el Estado, o con las que contempló en su momento el decreto del Gobierno vasco para reparar los abusos policiales sufridos entre 1960 y 1978.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Fernández explicó que esas ayudas se contemplan, pero antes de concretarse debe hacerse un estudio sobre las prestaciones económicas de otras leyes previas “para definir e identificar dónde está el déficit que pudiera ser subsanable a día de hoy”, dónde puede haber una duplicidad, y qué situaciones tienen prioridad. “La ley define claramente que esto debe ser abordado pero, lógicamente, no se puede establecer este planteamiento a voleo, sino que previamente hay que identificar claramente qué es lo que debe ser compensado y a quién debe dirigirse”, sostuvo.

El debate sobre las indemnizaciones es el único que citó EH Bildu a la hora de considerar que el borrador del Gobierno vasco se queda corto. La coalición abertzale tiene una iniciativa conjunta con Elkarrekin Podemos, que a su vez toma el testigo de la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo. El principal escollo ahora se sitúa en quién lleva el liderazgo y qué iniciativa fue primero, aunque el texto de la oposición va a caer porque PNV y PSE votarán en contra de su tramitación, y el PP tampoco lo apoyará.

Por otro lado, en referencia a los convenios que el Gobierno de Urkullu quiere firmar con el Estado para exhumar a los vascos enterrados en el Valle de los Caídos, Fernández recordó que ya hay actuaciones en marcha y que un total de “18 familias” han pedido sacar a sus allegados. La directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, ya explicó en una entrevista concedida a este periódico en agosto que, desde los municipios vascos, fueron llevadas al Valle 1.100 personas. Otros 200 o 300 vascos fueron trasladados desde fuera de Euskadi. - M. Vázquez