GAsteiz - La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzará a partir de mañana a juzgar a los 47 acusados del sumario 11/13, un proceso contra personas que participaron en entidades como Herrira, Jaiki Hadi y abogados que representaban a detenidos vinculados a la actividad de ETA.

“Como es normal, estamos con nervios y preocupación”, reconoce a este diario Amaia Izko, abogada y concejala en el Ayuntamiento de Iruñea desde junio. “Incluso más que con nervios, diría que con preocupación de qué puede pasar, cuáles pueden ser las consecuencias de este juicio y cómo nos pueden afectar, también a nuestros allegados”.

Las peticiones para este medio centenar de personas suman en total 601 años de prisión, con solicitudes de entre 8 y 20 años de prisión por “participación activa en organización terrorista”.

Procesadas en las operaciones Herrira (septiembre de 2013), Jaque (enero de 2014), Mate (enero de 2015) y Pastor (marzo de 2015), estas 47 personas estaban vinculadas a plataformas como la de los allegados de los presos Etxerat, Herrira -que organizó, por ejemplo, las tradicionales marchas de comienzos de año en Bilbao a favor del acercamiento y por el final de la actual política penitenciaria-, Jaiki Hadi -de profesionales sanitarios que ayudaba a los reos del EPPK- y a la mayoría de los abogados que atendían a estos reclusos.

“Un ente”, como recoge el escrito del Ministerio Público cuya representación ejerce Miguel Ángel Carballo, que agrupaba a “varias organizaciones que trabajan sectorialmente a favor de los presos y huidos de ETA”, en referencia a la organización armada que cesó de manera definitiva su actividad en octubre de 2011 y se disolvió en mayo de 2018.

“Supone un gran anacronismo. Está claro, y creo que la sociedad también lo ve así, que este procedimiento está fuera de lugar y de tiempo, por decirlo de alguna manera”, explica Izko, que se enfrenta a 11 años de prisión y otros 8 de libertad vigilada. Entre los 47 acusados (15 vizcainos, 14 guipuzcoanos, 13 navarros y cinco alaveses) se encuentran Jon Garai, Fran Balda, Iñaki Goioaga, Arantza Zulueta y Jon Enparan-tza, acusados estos últimos de actuar de intermediarios entre los presos y miembros de ETA en libertad

“El juicio además puede suponer una amenaza desde el punto de vista de cómo quiere resolver el Estado la cuestión de los presos”, asegura Izko, que explica el porqué de esta reflexión: “Si este juicio terminara con grandes penas, sería muy significativo de cómo se quiere bloquear la solución a la cuestión de los presos y cómo se quiere continuar criminalizando y denostando tanto la reivindicación de la solución como la propia solidaridad con los presos”.

Defensa judicial Desde el punto de vista judicial, los acusados -que en algunos casos también son letrados- ven asideros a los que agarrarse. “Algunos de ellos son muy importantes”, desarrolla Izko, que pone un ejemplo: “Las acusaciones que se nos imputan y que se vinculan con la actividad de ETA son posteriores a 2012 todas, y lo que está claro es que para entonces ETA ya había anunciado el cese de su actividad y que su estrategia estaba encaminada a su desaparición. ¿Qué estrategia de ETA si su objetivo entonces era ya desaparecer? ¿Qué aportación a la estrategia de ETA es si daba pro concluida su actividad?”.

A juicio de la defensa, otro de los asideros es que “todas las acusaciones son actividades públicas y notorias, sin vinculación ni directa ni indirecta con ETA”.

“La única prueba que se toma en consideración es la interpretación que hace la Guardia Civil de nuestro trabajo”, lamenta Izko, que quiere “reivindicar el trabajo que hemos hecho, la defensa a favor de los derechos humanos y a favor de la solución, y en nuestro caso, ha sido el desarrollo puro del derecho a la defensa”.

En enero de 2016, los 35 procesados en el denominado caso Segura por intentar reconstruir Batasuna -entre los que se encontraban Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena- evitaron la prisión tras pactar con la Fiscalía su condena, inferior a los dos años de cárcel. “Observamos que a la vista de cómo han ido las cosas en los últimos años y en qué situación estamos, lo lógico sería un acuerdo, pero hoy no está sobre la mesa”, reconoce Izko, que no cierra la puerta al entendimiento.

Todo lo contrario: “Hemos subrayado más de una vez que si hubiera opción, la analizaríamos y le daríamos respuesta con total responsabilidad, porque nos parece muy importante arreglar y pasar esta página y todas las que tienen relación con el pasado para poder mirar hacia el futuro”.

La vista oral arranca mañana en la Audiencia Nacional y según el calendario establecido, se prolongará hasta el 28 de noviembre, aunque no habrá semanas sin sesiones. La Sala de lo Penal encargada de juzgar el caso será la Tercera, de la que forman parte Ángeles Barreiro, Julio de Diego, Alfonso Guevara y Clara Bayarri, que será la ponente.