Madrid - Un día después de las elecciones generales, la Junta Electoral Central (JEC) anunció que excluye a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí de la lista de Junts per Catalunya-Lliures per Europa de las europeas, avalando el recurso a la autoridad electoral de PP y Ciudadanos. La decisión se tomó, curiosamente, el domingo después de que las dos fuerzas unionistas se ampararan en la situación de “rebeldía procesal y penal” de los tres líderes independentistas. La marca naranja incorporó el auto del pasado julio en el que el juez instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, declaraba en rebeldía a los tres exmiembros del Govern que encabezan la lista posconvergente para el 26-M; mientras que los populares sostenían que con la rebeldía eluden acabar siendo “inelegibles” según la ley electoral. Ambos partidos se referían a la incapacidad de los candidatos en el exilio para votar al estar en el extranjero y seguir registrados en el Estado español. A la vez, un informe del Parlamento Europeo remarcaba recientemente que sin recoger el acta de eurodiputado en Madrid, tal y como prevé la ley, el expresident no gozaría de inmunidad parlamentaria.

Los tres afectados emitieron un comunicado donde acusan al máximo órgano de administración electoral de “flagrante vulneración de un derecho fundamental como es el del sufragio pasivo”. Y es que a su juicio la decisión es “la demostración de la connivencia entre un sistema judicial que debería ser independiente con determinados intereses políticos” que califican como “la derecha nacionalista española”. De hecho, recuerdan el Eurobarómetro de la Comisión Europea que acaba de situar a España en la cola de los países comunitarios en percepción de independencia judicial. “La Justicia electoral española pretende impedir una candidatura que propone llevar la voz del 1-O y de la república catalana a la institución parlamentaria que representa a todos los ciudadanos europeos”, sigue el comunicado conjunto. Frente a ello, JxCat advierte que la candidatura “desplegará de manera inmediata todas las acciones jurídicas en España y Europa”. “No nos resignaremos a aceptar una resolución que la legislación española y europea contradicen”, zanjan los señalados. Para el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, que la JEC excluya a Puigdemont y “no a otros exiliados como Lluís Puig como candidato al Senado es la expresión de la persecución particular contra el presidente Puigdemont. Vergüenza democrática”. ERC también salió a la palestra echándoles un capote y criticando la postura de la JEC. “Quieren silenciar al independentismo”, apuntan los republicanos en su cuenta de Twitter reprochando al Estado que “solo sabe limitar derechos”. “Les contestaremos en las urnas las veces que haga falta. Todo nuestro apoyo y solidaridad ante esta decisión injusta y arbitraria”, subrayan.

Puigdemont aseguró que su intención era regresar a Catalunya si era elegido eurodiputado y lograba ser designado: “Si tengo el acta de eurodiputado, vuelvo a Catalunya”, declaró. Sin embargo, un escrito de los servicios jurídicos de la Eurocámara, señalaba que, como sostiene la Junta Electoral, es obligatorio que los cargos electos juren o prometan la Constitución en Madrid, y advertía de que no gozarían de inmunidad hasta el 2 de julio, cuando se constituye el nuevo Parlamento Europeo. Eso implicaba que Puigdemont correría el riesgo de ser detenido si viajaba a la capital del Estado a recoger su acta.