MADRID - Su última resolución ha sido incoar expediente sancionador a Quim Torra por el mensaje institucional del día de Sant Jordi y por enviar correos electrónicos a los funcionarios catalanes. Y es que lo cierto es que la Junta Electoral Central (JEC) ha acaparado más influencia que nunca en esta campaña electoral. Vox, los lazos amarillos o los debates en las cárceles han sido algunas de sus polémicas decisiones.

Lo más comentado estos quince días fue la negativa a que la fuerza de ultraderecha participara en el combate dialéctico a cinco de Atresmedia, el único al que de inicio quería acudir Pedro Sánchez para señalar al tripartito de derechas. Una semana antes, la Junta Electoral lo suspendió al considerar que no se respetaba el principio de proporcionalidad. Se basó en el artículo 66.2 de la Ley Electoral, la LOREG, en la que se obliga a los medios privados a respetar dicho criterio. Para tomar parte debía cumplir unas cifras que Vox no tiene, pues ni ostentaba representación parlamentaria nacional ni suma de momento más votos en el Estado español que otros partidos que sí han estado en el Congreso.

Por otro lado, la JEC decidió que Oriol Junqueras fuera entrevistado por la Agència Catalana de Noticies sin salir de la cárcel. Se habilitó una sala del centro penitenciario de Soto del Real y la dirección de la prisión facilitó los correspondientes medios técnicos. Lo mismo sucedió con Jordi Sànchez un día después, en su caso con Efe. Ambos acuerdos no estuvieron exentos de polémica, pues el árbitro electoral pidió a Instituciones Penitenciarias informes sobre la viabilidad de las videoconferencias. Estimó que no aclaraba en algunos casos y según qué fechas por qué no se podían hacer las conexiones, por lo que la Junta dio vía libre. Las dos razones fundamentales en que se basó la Junta fueron la compatibilidad de esas entrevistas o de las videoconferencias con la obligación de asistir al juicio del procés, y a su vez, que no alterasen la rutina de la prisión.

Pero antes de arrancar la campaña, y después de dar vía libre a los viernes sociales de Pedro Sánchez, la JEC tuvo que decidir diversos recursos contra la colocación de lazos amarillos y mensajes “partidistas” en las fachadas de la Generalitat y en la de otras instituciones de la administración catalana. El destinatario de la exigencia de la JEC fue Quim Torra, pero no acató el plazo, así que la Junta volvió a dar uno más de 24 horas. Comenzaron entonces a sobrevolar las amenazas de la querella por desobediencia y de la sanción por delito electoral. Torra, tras consultar al Síndic de Greuges, sobrepasó el tiempo dado nuevamente, así que la JEC concretó sus advertencias: además de llevar el caso a la Fiscalía y de abrir un expediente sancionador, se dirigió directamente a los Mossos para pedirles que apartaran los lazos.