Bilbao - La Audiencia Nacional ha fijado para el 16 de septiembre el inicio del juicio a la abogada Arantza Zulueta, al exsenador de Bildu Iñaki Goioga y a otras 45 personas por integrar el frente de cárceles de ETA o KT bajo la cobertura de organizaciones como el colectivo de abogados BL, el de apoyo a presos Herrira o Etxerat, y la asociación Jaiki Hadi. En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal detalla que el juicio, que abarcará una veintena de sesiones, se extenderá hasta el 28 de noviembre y tendrá lugar en las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

La Fiscalía y la acusación popular de la AVT piden penas que oscilan entre los 8 y los 20 años y 5 meses de prisión por delitos que van de participación en organización terrorista o colaboración y financiación del terrorismo a enaltecimiento y quebrantamiento de medidas cautelares.

Sitúan a Arantza Zulueta y Jon Enparantza en calidad de “dirigentes” y piden para ellos 14 años de cárcel por participación activa en organización terrorista, si bien no son los acusados que se enfrentan a una mayor pena. Así, Francisco Javier Balda, integrante del Movimiento Pro Amnistía, impulsor de la iniciativa Egin Dezagun Bidea y portavoz de Herrira podría ser condenado a 20 años y 5 meses por participación activa, enaltecimiento, financiación del terrorismo y quebrantamiento de medidas cautelares.

Este frente de cárceles fue desarticulado en las operaciones Jaque, Mate y Pastor practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año. La función principal del Koordinazio Taldea o KT era dirigir el colectivo oficial de presos de ETA -EPPK en sus siglas en euskera-, garantizando su cohesión y su fidelidad a la banda, ejerciendo dicha función siempre de forma subordinada a la organización.

Según las acusaciones, el KT diseñaba las campañas de movilización que realizaban los presos en el interior de las prisiones, dirigía los procesos de debate y reflexión que desarrollaban sus miembros, realizaba un seguimiento de la situación de cada recluso, actuaba como portavoz del EPPK, elaborando y difundiendo sus comunicados oficiales, y mantenía permanentemente informada a ETA de la situación del conjunto de miembros del colectivo.

Asistencia a los presos Por su parte, el colectivo de abogados era una estructura formada por letrados en activo que, sirviéndose de dicha condición, además de asistir jurídicamente a los miembros del EPPK realizaban funciones de “asistencia política” a los mismos, recopilando y centralizando todo tipo de información relacionada con los presos que formaban parte de dicho grupo.

Según las acusaciones, este frente se mantuvo prácticamente igual hasta 2012, tras el cese definitivo de la actividad de ETA, cuando se produjo una reorganización en la que el colectivo de presos se planteó como uno de los principales elementos de movilización, con reivindicaciones a favor de los derechos vulnerados de los miembros del EPPK.

En la vista también se sentará en el banquillo la abogada Amaia Izco, mientras que el exsenador Iñaki Goioaga se enfrenta a peticiones de 11 años de prisión. Solo Naia Zuriarrain, para quien se solicitan 8 años, será juzgada por colaboración con ETA. - DNA/E. P.