vitoria - El Gobierno Vasco presentará el martes de la próxima semana la ley con la que piensa remediar los principales efectos de la prórroga presupuestaria en los funcionarios, los profesores de la escuela concertada, los perceptores de la renta de garantía de ingresos y las familias. Sin embargo, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han comenzado a lanzar señales de que será muy difícil contar con su respaldo, y coinciden en su argumento: creen que el consejero Pedro Azpiazu no debería agrupar esos cuatro asuntos en una sola ley, sino que quieren votarlos por separado porque no comparten todas las medidas. La coalición morada es la que ha expresado con mayor intensidad sus reservas y ha preparado claramente el terreno para su desmarque asegurando que el Gobierno Vasco solo quiere, a su juicio, acordar con el PP. Lo dijo ayer Lander Martínez. EH Bildu no ha sido tan concluyente, aunque comparte las mismas reservas.

Desde el Gobierno Vasco no ocultan su contrariedad por la posición de estos dos grupos, y creen que la izquierda puede estar sacudiéndose la presión de esta negociación al hacer la cábala de que el PP va a apoyar las medidas o que Azpiazu busca de manera deliberada su respaldo con el guiño a las concertadas. Por lo tanto, Lakua cree que esos grupos pueden estar elucubrando con que la subida salarial de los funcionarios y la RGI se va a aprobar de todos modos con el respaldo popular sin la intervención de otros. El departamento de Azpiazu, no obstante, no tiene nada atado de momento con ningún grupo. Además, se reafirma en incluir en un solo paquete estas cuatro medidas porque la ley abarcará “toda la inversión directa del Gobierno destinada a las personas”, de manera que el procedimiento está justificado frente a las críticas de una izquierda que prepara el terreno para su desmarque con este argumento. Lakua recuerda también que cualquier presupuesto incluye un paquete de medidas y se vota siempre de manera conjunta sin que nadie hable de una adhesión al 100%, al igual que esta ley.

Solo se conoce la cifra del incremento salarial a los funcionarios (2,25%), que previsiblemente se aplicará a los profesores de la escuela concertada. Las ayudas a la conciliación familiar y la subida de la RGI no se han concretado, a la espera de acercar posiciones. El Ejecutivo vasco quiere que EH Bildu se avenga también a acordar porque, dentro de la escuela concertada, se contempla la situación de las ikastolas. Fiarlo todo a que el PP lo apruebe supondría arriesgarse a que algo falle en el último minuto y se pierdan estas ayudas.

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, aseguró ayer que el pasado miércoles recibió la llamada del consejero para exponer a su grupo el alcance de esta ley. Martínez le trasladó entonces que su grupo rechaza “una ley ómnibus con todo mezclado, que secuestra la subida salarial de los funcionarios para aprobar otro tipo de cuestiones como la mejora de los conciertos educativos”. El parlamentario pidió separar los debates y situó a su grupo en condiciones de aprobar, por ejemplo, la subida del sueldo de los funcionarios. A partir de ahí comenzaron las acusaciones al Gobierno Vasco. Dijo que existe un “pacto ideológico” con el PP, y que el modelo económico del PNV y el de las filas de Pablo Casado es el mismo. Interpretó que el Gobierno Vasco fue de manera deliberada a la prórroga presupuestaria para poder después parchear la gestión apoyándose en los populares.

“En un momento en que el PP ha accedido al Gobierno de Andalucía con los apoyos de Vox, cuando conocemos que se van a introducir mejoras en los conciertos educativos por el PP, lo que hay es un pacto ideológico”, lanzó. A su juicio, no había “ninguna necesidad” de introducir la variable de la escuela concertada porque la izquierda ya había anunciado que iba a respaldar el incremento para los funcionarios. Por ello, interpretó que se buscaba desde el primer momento el respaldo del PP. Habló de “tridente” entre PNV, PSE y PP.

posiciones Elkarrekin Podemos es el socio más improbable. Está inmerso en su estrategia de marcar perfil como la única izquierda vasca, y en ese esquema no encaja la posibilidad de dar aire al Gobierno Vasco en materia económica. También se demostró inviable el acuerdo con Podemos en una fase muy preliminar de la fallida negociación presupuestaria. En ese momento, en el caso de EH Bildu, la negociación se extendió hasta el último minuto y Azpiazu ofreció incrementos en la RGI, pero tampoco hubo acuerdo. En esta ocasión, cuando lo que está en juego es la ley que busca amortiguar los principales efectos de la prórroga, la coalición abertzale no ha sido tan concluyente como Elkarrekin Podemos a la hora de criticar el planteamiento del Gobierno Vasco, aunque también amaga con no apoyar esta ley con el argumento de que no deberían recogerse todas las medidas en el mismo paquete. Tiene algunas dudas sobre la escuela concertada y el alcance de la RGI.

El PP no ha realizado ninguna valoración en las últimas horas y todo apunta a que ha recibido de buen grado el incremento del salario para los profesores de la escuela concertada, que era su condición. Los populares dejaron caer los Presupuestos sin entrar siquiera a negociarlos en el contexto de su desencuentro con el PNV por la moción de censura que expulsó a Rajoy de La Moncloa. Sin embargo, todo apunta a que la factura que querían cobrar a los jeltzales se limita a los Presupuestos, y que no pretenden borrarse de la negociación de toda la producción legislativa en general para mantener cierta influencia. El Gobierno Vasco, por su parte, afronta el primer test para demostrar si puede garantizar la estabilidad sin un tercer socio fijo.