madrid - El Congreso de los Diputados vivió ayer un ensayo de lo que puede darse dentro de unos meses con la iniciativa anunciada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de presentar una reforma exprés de la Constitución española para suprimir los aforamientos. Todos los grupos del Congreso se mostraron de acuerdo en la necesidad eliminar o limitar el fuero que privilegia a los políticos cuando cometen delitos fuera del ejercicio de su cargo, pero solo el PP y el PSOE, a pesar de sus diferencias, apoyaron la moción de Ciudadanos (C’s) para abordar la modificación de la Carta Magna.

El resto de fuerzas decidieron abstenerse al no lograr consensuar una fórmula para acabar con esta prerrogativa que tienen unas 250.000 personas, de ellas alrededor de 2.000 políticos. Podemos, PNV, EH Bildu, ERC y PDeCAT ambicionan poner fin a este fuero en todos los casos. Fueron los jeltzales los más claros en su reclamación y pidieron que no se aplique solo a diputados y senadores y a los miembros del Gobierno. También pidieron que se extienda a la Familia Real, al Poder Judicial y a las Fuerzas de Seguridad y además reclamaron que incluyera la inviolabilidad del rey. A esto también se apuntaron el resto de los partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy y que ahora le sostienen en la presidencia del Gobierno.

“Que el rey no pueda ser llevado a los tribunales si es acusado de cometer algún delito no es propio de un Estado democrático y no creo que estuviera en la voluntad del legislador”, señaló el diputado del PNV Mikel Legarda. Tras constatar que los 250.000 aforados del Estado español (2.000 cargos políticos, 15.000 miembros del Poder Judicial y 230.000 pertenecientes a los Cuerpos de Seguridad del Estado) son “perfectamente suprimibles”, el jeltzale afirmó que afirmó que “en muchos países de nuestro entorno serían inimaginables”

Este planteamiento no es del agrado de PSOE, Ciudadanos y PP. Los socialistas prefieren acotar la propuesta que Sánchez proclamará este viernes en el Consejo de Ministros suprimiendo el aforamiento de diputados, senadores y los miembros del Gobierno salvo en el ejercicio estricto de sus funciones y durante el ejercicio de su cargo, y excluyendo también de su iniciativa a la familia real.

La portavoz socialista en la Cámara se manifestó en contra porque ese cambio, por afectar al título II de la Constitución relativo a la Corona, requeriría una reforma agravada de la Carta Magna, con disolución de las Cortes, elecciones y referéndum.

Frente a este procedimiento más complejo, Sánchez optará por una vía más ordinaria que requerirá para su aprobación una mayoría de tres quintos de los diputados y los senadores. Pretende llevarlo a cabo en tres meses y para lograrlo necesita al menos el apoyo del PP.

También Ciudadanos rechazó la enmienda del PNV e impidió al Congreso pronunciarse acerca de ambas cuestiones. Por ello, y porque la iniciativa de Albert Rivera es, a su juicio, una “operación de marketing político”, la formación jeltzale se abstuvo en la moción que fue sometida a votación. El recuento deparó 253 síes y 87 abstenciones -ninguno de los 340 diputados presentes votó en contra-.