madrid - PP y Ciudadanos cargaron duramente ayer contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el traslado de los dos presos de ETA desde la prisión de Asturias a Basauri. Las dos formaciones consideran que el acercamiento es un nuevo pago del presidente español al PNV por su apoyo en la moción de censura que desalojó de la Moncloa a Mariano Rajoy. El Ejecutivo socialista se defendió de los ataques subrayando que no se trata de un beneficio penitenciario sino de la aplicación del tercer grado penitenciario que permite a estos dos reclusos solicitar el traslado y acceder a un régimen de semilibertad.

Desde el desalojo de Rajoy, los populares están resueltos a mantener su asedio a Sánchez en todos los frentes para buscarle más fisuras de las que le vaya a acarrear su debilidad parlamentaria. Cuando ETA estaba activa manoseaban el asunto como ariete contra los socialistas y los nacionalistas vascos y ahora que la banda está disuelta pretenden utilizarlo con los despojos que ha dejado tantas décadas de violencia, ya sea con la utilización de las víctimas para condicionar la política penitenciaria del Gobierno español o para arremeter contra el acercamiento de los presos y la política de reinserción.

La vicesecretaria de Comunicación del PP, Marta González, criticó el traslado de los dos presos -Olga Sanz y Xabier Moreno- a la prisión vizcaína porque considera que es “el rédito que el PNV extrae de su apoyo a la moción de censura, que ahora empieza a cobrarse con esta nueva política penitenciaria”. Es el mismo argumento que los populares utilizaron la semana pasada tras el anuncio de la retirada por parte del Gobierno Sánchez del recurso presentado en su día por el Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de víctimas de abusos policiales en la CAV entre 1978 y 1999. Desde Euskadi, la dirigente del PP Amaya Fernández calcó el argumento para acometer con dureza contra Sánchez al que avisó de que “me tendrá enfrente, manifestándome en la calle” si no cumple con la legalidad.

Los dos presos de ETA, exmiembros del comando Bizkaia que planeó asesinar, entre otros, a Juan María Atutxa y Carlos Iturgaiz, fueron trasladados este martes a la cárcel de Basauri tras haberlo solicitado a Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio del Interior-, después de haber pedido perdón a las víctimas en un escrito remitido en su momento al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Sanz y Moreno, condenados a 71 y 74 años de prisión respectivamente, accedieron al tercer grado penitenciario este año.

El quid de la cuestión reside precisamente en la fecha de la asignación del tercer grado a los dos presos. Fue en febrero, cuando Rajoy todavía era el inquilino de la Moncloa. Por lo tanto, la progresión de segundo a tercer grado por parte, en primera instancia de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Villabona (Asturias) y posteriormente de Instituciones Penitenciarias -órgano dependiente del Ministerio del Interior- tuvo la aquiescencia del Gobierno del PP, partido que ahora reprocha a Sánchez su bajada de pantalones ante el PNV y la izquierda abertzale.

También Ciudadanos aprovechó la ocasión para ponerse a rueda del PP y disputarle el argumento. A través de su Twitter, Albert Rivera aseguró que “se confirma lo que advertimos: Sánchez paga el alquiler de Moncloa a sus socios nacionalistas concediendo privilegios a los presos etarras”. El presidente de la formación naranja añadió que “las víctimas merecen respeto, la política penitenciaria no puede ser un instrumento para conseguir apoyos de los que quieren liquidar España”.

Estas críticas irritaron al PSOE y al Gobierno de Sánchez que no tardó en rechazar que los traslados sean un privilegio o un peaje a los presos, sino la aplicación estricta de la ley. Reclamaron asimismo que no se haga partidismo con el terrorismo y recordaron que el Gobierno de José María Aznar acercó a alrededor de 150 presos de ETA y la kale borroka entre 1996 y 1998.

Sobre el traslado a la cárcel de Basauri de los dos presos disidentes del colectivo oficial de presos (EPPK) por haber pedido perdón a las víctimas, la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet rechazó que sea “un gesto” al PNV y dijo que es “un hecho puntual”.

En cuanto a otros posibles acercamientos de presos a cárceles vascas, Batet precisó que hay que analizar “caso por caso, porque cada uno es distinto y en todos ellos tienen que cumplir con los requisitos previstos por la ley y luego el Ministerio del Interior irá decidiendo en cada caso”.

Esa toma de decisiones parece inminente a la luz de las declaraciones de Jesús Loza que ayer aseguró en la cadena Ser que “antes de que acabe el verano” habrá nuevos acercamientos de presos. Tras rechazar que el traslado de Olga Sanz y Xabier Moreno sea una decisión política, el delegado del Gobierno español en la CAV defendió que se trata del “cumplimiento estricto de la legalidad”.

Loza condicionó su nueva política penitenciaria a que los presos hagan un proceso de autocrítica. “Vamos a poner en marcha algo parecido a lo que fue la vía Nanclares”, señaló.