madrid - Desde que trascendió la intención del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de trasladar a presos de ETA a cárceles próximas a Euskadi, Ciudadanos se ha mantenido en un segundo plano y el peso de las críticas ha recaído en el PP. Hasta ayer, cuando dirigentes del partido naranja arremetieron con dureza contra esta iniciativa del Gobierno del PSOE, que achacaron a un supuesto acuerdo con el PNV. Así, adelantaron que tratarán de hacer fuerza con los populares para que Sánchez se explique en el Congreso.
El secretario general de C’s en el Congreso, Miguel Gutiérrez, calificó de “deslealtad con el Estado y con todos los españoles” el golpe de timón de Moncloa en la política penitenciaria, que atribuyó a un pacto con el PNV. “Este es el precio que la sociedad española debe pagar por los peajes” a los que Sánchez “está sometido”, dijo tras asistir a un desayuno del Fórum Europa con la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez.
En declaraciones a los periodistas, el dirigente naranja insistió en que “me da lo mismo que sea al señor Urkullu, al señor Torra o al señor Tardá, al final no es más que el pago de todos estos peajes que han hecho que el señor Sánchez esté atornillado al sillón de La Moncloa”. Se refería así a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la presidencia del Ejecutivo español gracias al apoyo de Podemos y los partidos nacionalistas al candidato del PSOE.
Desde ese momento, Ciudadanos está desorientado tras haber perdido su espacio en la política estatal -hasta entonces, le comía espacio progresivamente al PP en las encuestas y contaba los días para la celebración de elecciones-. Hasta ayer, en que se agarró con fuerza a la baza de los presos de ETA. “Antes se quejaban de cómo Rajoy era incapaz de ofrecer de verdad soluciones para toda la sociedad española y en este caso Sánchez lo único que está haciendo es privilegiar nuevamente los beneficios para unos pocos frente a la totalidad de los españoles”, aseguró al respecto Miguel Gutiérrez.
Pero no fue la única voz que se pronunció desde el partido de Albert Rivera, y así la portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, acusó a Pedro Sánchez de romper el “consenso constitucional” con un eventual acercamiento de los presos de ETA. Por ello, pidió su comparecencia urgente para que aclare sus planes de cara a aplicar “beneficios penitenciarios, progresiones de grado y excarcelaciones”, citó. Reiteró su rechazo a “esta política oscura que esconde privilegios”, lo que calificó como un asunto “de extrema gravedad”.
El propio líder naranja, Albert Rivera, calificó en Twitter de “vergüenza” esta situación y defendió que “los españoles que creemos en una justicia igual para todos debemos oponernos al pacto de Sánchez con Bildu-PNV para conceder privilegios y excarcelaciones a los etarras. Las víctimas y los que lucharon contra ETA merecen respeto”.
Eso sí, al no tener el mínimo de diputados que exige el Reglamento de la Cámara, Ciudadanos necesita la firma de otro grupo parlamentario para forzar la celebración de esa sesión plenaria o para convocar la Diputación Permanente del Congreso donde se debata en julio. A tal fin, negociará con partidos constitucionalistas como el PP.
Del lado de las víctimas Desde las filas populares, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, marcó la posición de su partido y avisó a Pedro Sánchez de que no van a consentir que tome medidas sobre política penitenciaria que “humillen” a las víctimas de ETA. “Por eso no vamos a pasar, vamos a combatir esas acciones y a estar al lado de las víctimas”, dijo. En una rueda de prensa en el Congreso, interpretó estas medidas como “una nueva letra del pago” del presidente español por los apoyos para llegar al Ejecutivo.
Hernando opinó que estos posibles beneficios penitenciarios tendrán una última fase que es “poner en libertad” a los presos, después de acercarlos a Euskadi y transferir las competencias al Gobierno Vasco. Una finalidad que tachó de “gravísima” y de “deslealtad” al Estado, por lo que insistió en que Sánchez vaya a dar explicaciones al Congreso respecto a los “pagos” por el apoyo a su investidura.
