madrid - El Congreso de los Diputados va a dar un impulso a la reforma del PNV que plantea sacar a la luz los secretos oficiales, y que provocaría de manera automática la desclasificación de los documentos del franquismo, el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981 o los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, donde cinco trabajadores murieron abatidos por los disparos de la Policía. Según ha podido saber este periódico, el jueves de la próxima semana se va a convocar la ponencia para estudiar la ley.

A partir de ahí, la reforma se tramitará en comisión y, al no tratarse de una ley orgánica, no necesita pasar a pleno, aunque sí deberá tramitarse en el Senado. Haciendo una previsión optimista, la ley podría quedar aprobada en el Congreso antes del parón vacacional. Este movimiento se produce tras el atasco en el plazo de enmiendas, que se ha visto sujeto a constantes ampliaciones y ha dejado la reforma en el limbo durante dos años. En cualquier caso, podría suceder una paradoja: el PNV podría acabar votando en contra de su propia reforma porque PP, PSOE y Ciudadanos han planteado unas enmiendas que desnaturalizan su propuesta y reclaman un periodo más amplio para desbloquear los secretos y, en el caso de los socialistas, incluso, una moratoria de diez años para aplicarla, de manera que ningún documento se pondría a disposición del gran público antes de 2028. El grupo vasco no oculta su pesimismo y da prácticamente por hecho que la reforma no se va a aprobar en los términos que plantea. Unidos Podemos defiende una posición similar a la del PNV, pero los otros tres partidos mayoritarios están en contra.

El PNV propone modificar la Ley de Secretos Oficiales, que además fue aprobada en plena dictadura, en el año 1968. Los jeltzales quieren acabar con este oscurantismo y proponen un máximo de 25 años para desclasificar de manera automática las materias secretas, y diez años para las reservadas. La propuesta, redactada por Mikel Legarda, pide también la publicación inmediata de los documentos que ya hayan cumplido ese plazo a la entrada en vigor de esta ley. Esa cláusula afecta a los documentos del franquismo, la transición y el 23-F. El PP llegó a plantear una enmienda que, por su carácter genérico, podría bloquear la publicación de todos los documentos: pidió guardar bajo llave las revelaciones que supongan un “riesgo para la integridad de las personas”.