MADRID - El Gobierno de Pedro Sánchez tiene claro que estudiará el traslado de los líderes independentistas encarcelados de forma preventiva en prisiones de Madrid una vez que acabe la instrucción del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. “Obviamente, cuando las circunstancias cambian, se requieren de otras políticas”, reseñó la ministra portavoz, Isabel Celaá. Interpelada por las diferencias de criterio entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el magistrado Llarena, señaló que “es cuestión de matices”. “El Gobierno, y supongo que también el juez, son conscientes de que los presos provisionales están a disposición del juez instructor. Una vez que han finalizado ya las diligencias, pueden ya ser transportados y ya están bajo la competencia de Instituciones Penitenciarias”, argumentó Celaá.

En este escenario, el Tribunal Supremo celebrará el próximo lunes, a las 10.30 horas, la vista para estudiar los recursos presentados por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros trece inculpados contra los procesamientos dictados en el caso abierto por el procés. La Sala suspendió esta vista, prevista para el pasado día 6, por un error en la tramitación del recurso del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Llarena procesó por delitos de rebelión, malversación o desobediencia a miembros del Govern y del Parlament, así como a dirigentes independentistas. Recurrieron sus procesamientos, además de los citados, los exconsellers Santi Vila, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Lluís Puig y Clara Ponsatí; los exparlamentarios Josep Nuet, Anna Simó y Carme Forcadell; y el excandidato a president y diputado de JxCAT Jordi Sànchez.

En este contexto, Quim Torra advirtió a Sánchez de que “los presos políticos no van a ser moneda de cambio para nada”. “Toda la cuestión de los presos políticos no debe de ser objeto de negociación (...) Queremos soluciones. Es un tema de justicia que estén en las prisiones catalanas. No tendrían que estar ni imputados”, subrayó el president. “Todos constatamos el oxímoron de la justicia española. No me extrañan estas discrepancias”, dijo Torra, para quien España debe hacer una “profunda revisión hacia la radicalidad democrática”. En esta línea, se mostró convencido de que los políticos catalanes que están “en el exilio” no serán extraditados.

denuncia de torrent Paralelamente, el presidente del Parlament, Roger Torrent, presentó una denuncia contra Llarena y otros tres magistrados del Tribunal Supremo, a quienes acusa de un “delito de detención ilegal” de diputados soberanistas y de “prevaricación judicial”. En su escrito, dirigido a la Sala Segunda del Supremo y que consta de 45 páginas, Torrent recuerda que la Mesa del Parlament acordó el pasado 24 de abril emprender acciones legales por la actuación de los jueces en la causa abierta por el proceso soberanista, al interpretar que se ha “impedido el normal funcionamiento” de la Cámara.