Torra prevé devolver sus cargos a los exconsellers Rull, Turull y Puig

Barcelona - Quim Torra ya maneja en su cuaderno los nombres de sus futuros consellers y de lo que vendría a denominarse el Govern de la restitución. Después de que los exconsellers de ERC, a excepción de Toni Comín, descartasen reincorporarse al nuevo Ejecutivo para que los nuevos dirigentes “tengan las manos libres”; Junts per Catalunya tiene claro que en el próximo equipo de gobierno deberán estar los encarcelados Jordi Turull y Josep Rull, así como Lluís Puig, exiliado en Bruselas y con Bélgica negándose a entregarle a España por el defecto de forma en la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Aunque los abogados de los presos independentistas manejan dudas acerca de este movimiento por los efectos que pueda tener en el proceso judicial; según ha podido saber DNA los tres políticos que estuvieron a las órdenes de Carles Puigdemont están animados a dar el paso. Si al final aceptan ser restituidos en sus puestos, su acto de toma de posesión se trasladaría al centro penitenciario para poder hacerla efectiva. Esta oferta será trasladada a buen seguro por el president Torra a los exconsellers cuando les visite el próximo lunes en la cárcel, y así contar a mediados de semana, previsiblemente el miércoles, con un Govern ya con nombres y apellidos y en funcionamiento.

“En el caso de que hubiera un conseller que no pudiera acudir a la toma de posesión en el Palau de la Generalitat, puede ser el president quien se traslade al lugar que sea para que tomen posesión”, reconocía ayer el diputado de JxCat Francesc de Dalmases. Pero es más, Torra también sopesa la posibilidad de nombrar unos comisionados para dirigir las áreas en la que se restituya a algún exconseller en prisión o que se halle en el extranjero, situaciones derivadas de la declaración unilateral de independencia y del referéndum del 1-O. Dichos comisionados asistirían a las reuniones del Ejecutivo del nuevo Jefe de Govern e incluso podrían intervenir aunque sin derecho a voto, con lo que, de hecho, actuarían prácticamente como si fueran consellers.

Lo que es seguro es que el primer Ejecutivo de Torra tendrá cargos duplicados a modo de gesto simbólico y, como tal, una vida efímera, apenas semanas. Después está previsto que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo se incline por suspenderlos y deba hacer su primera remodelación del Govern, tras lo cual podría ocupar la Conselleria de Presidencia, y la portavocía Elsa Artadi, que se erigiría en la persona fuerte del Govern después de que se le adjudique, en principio, la cartera de Empresa i Coneixement. Ayer, Rull y Turull se expresaron a través de las redes sociales en sus respectivas cuentas de Twitter reproduciendo el mismo mensaje: “No nos cansaremos de recordar que estamos sufriendo una prisión preventiva injusta, arbitraria e ignominiosa y que nuestros derechos políticos están intactos. La única duda que alguien puede tener es si somos presos políticos o rehenes del Estado”.

respuesta desde madrid El Gobierno español ya ha admitido que tiene un plan para actuar si los dirigentes presos toman posesión, aunque no lo especifica. A la pregunta de si en este contexto actuará, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo fue contundente: “Por supuesto que sí” porque es un horizonte que va, a su juicio, “contra el sentido común”. “Un consejero o ministro no puede ejercer sus funciones si está en prisión. Hay un elemento de sentido común que obliga a pensar que eso factualmente no es posible”, zanjó, insistiendo en que su voluntad es abrir “una nueva etapa” y que si Torra apostase por que los encarcelados recuperen sus asientos esto implicaría una voluntad de tensionar en vez de buscar puentes para el diálogo. “Hemos dicho que queríamos un gobierno legal y viable”, zanjó. Explicó, además, que, tal y como su nombre indica, tomar posesión “implica posesionarse” y, por lo tanto, estar presente en ese momento, y los exconsellers que están en prisión solo podrían participar en este acto si fuesen autorizados por el juez a salir de la cárcel. En este sentido, recordó que el Tribunal Constitucional ya vetó en abril la pretensión de hacer “una investidura telemática y virtual” de Puigdemont, ahora en Berlín. Una de las consellerías que se reforzaría sería Governació, la que controla los funcionarios, y podría caer en manos de Jordi Puigneró, actual secretario de Telecomunicaciones aunque imputado por su colaboración con el 1-O, de cara a impulsar una administración digital tipo Estonia, uno de los objetivos de Puigdemont. Si los republicanos Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa rechazaron volver a sus cargos, por el PDeCAT lo ha hecho Joaquim Forn.