BRUSELAS - La Comisión Europea puso ayer en su sitio al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al advertir de que no tiene ninguna intención de impulsar cambios en la orden europea de detención y entrega, un instrumento que, por el contrario, considera que se trata de una de las formas de cooperación judicial que mejor funcionan. “Solo puedo repetir lo que la comisaria (Vêra) Jourová ha dicho recientemente: que las órdenes europeas de detención funcionan muy bien y que no prevemos ningún cambio”, zanjó ayer su portavoz, Christian Wigand.
La postura de la justicia belga de rechazar por un defecto de forma la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al reclamar la extradición al Estado español de los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig ha supuesto un verdadero mazazo para las autoridades españolas. El Tribunal Supremo acusó a Bélgica de “falta de voluntad y de compromiso” y Catalá insistió en que el sistema, aprobado en 2002 con José María Aznar como presidente del Gobierno español, no está funcionando con la agilidad que debiera. En Bruselas, sin embargo, entienden el desafío político al que se enfrenta el Ejecutivo del PP pero insisten en que no hay necesidad de emprender ninguna reforma.
De hecho, no es la primera vez que el Ejecutivo comunitario replica con esta contundencia al Gobierno de Mariano Rajoy por este asunto. La comisaria ya lo hizo a principios de diciembre cuando el titular de Justicia planteó por primera vez la necesidad de revisar el sistema, a raíz de la primera euroorden emitida por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, contra Carles Puigdemont y los tres exconsellers y que terminó retirada.
Catalá sugirió entonces la posibilidad de ampliar la lista de 32 delitos graves para los que la entrega es casi automática, y entre los que no figuran por ejemplo ni la rebelión ni la sedición. Con una rotundidad poco habitual, Jourová cerró la puerta a los cambios reclamados desde España. “Estamos trabajando en mejoras pero no tenemos previsto abrir la decisión marco e introducir los cambios que pide el Gobierno español”, señaló sobre el primer instrumento jurídico europeo basado en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia penal que tiene la Unión Europea (UE).
“Tenemos algunas problemas pero son más de naturaleza procedimental. La Comisión no comparte el punto de vista de que mejorar el sistema requiere una revisión de la decisión marco” y “extender el catálogo de delitos tampoco resolverá directamente los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros”, añadió. Ahora la respuesta ha venido a ser idéntica. La decisión corresponde, según Jourová, a los juzgados. “Yo solo puedo decir que, como legisladores europeos, no vamos a cambiar nada de las reglas de la orden de arresto europea”.
Jourová declinó comentar la decisión de la justicia belga limitándose a precisar que ella no es “árbitro de la ejecución de casos concretos”. “La orden de arresto europea ha sido una historia de éxito para la UE”, insistió la comisaria checa. Manifestaciones que no hacen sino profundizar en los continuos mazazos que está recibiendo la justicia española, con el magistrado Llarena a la cabeza, y el Gobierno español. Todo, además, a la espera de si Alemania se decide a entregar a España al expresident Puigdemont por un delito de malversación de caudales públicos, de rebelión o, en último término, de sedición.
