vitoria -El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el ministro-presidente de Flandes, Geert Bourgeois, coincidieron ayer en que la decisión de la justicia alemana de rechazar la extradición al Estado español del cesado presidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de rebelión evidencia la necesidad de buscar una solución “política” y basada en el “diálogo” a la situación creada con el proceso soberanista catalán.

Según el lehendakari, la decisión tomada la pasada semana por el tribunal alemán “ratifica las dudas” que ya existían respecto a la imputación de este delito a Puigdemont. Urkullu destacó, además, que, según la interpretación del juez federal de Alemania que se ha pronunciado sobre la petición de extradición de Puigdemont, en el caso de las movilizaciones soberanistas de Catalunya “no se produjo la situación de violencia” que se requiere en la legislación para realizar una imputación por un delito de rebelión. A juicio del lehendakari, la resolución de la justicia alemana evidencia que es necesario abordar la cuestión catalana desde las vías “políticas”, y de evitar que “una nación sin estado”, como Catalunya, siga siendo “gestionada por la vía jurídica o penal”, y a través de fórmulas de “excepcionalidad” como el artículo 155 de la Constitución.

Bourgeois, por su parte, y al igual que el lehendakari Urkullu, afirmó que la solución a la situación derivada del proceso soberanista catalán debe basarse en el “diálogo” y en la “política”, dado que los tribunales de justicia “no son la vía” adecuada para resolver este tipo de cuestiones.

El ministro-presidente de Flandes mostró su deseo de que en Catalunya se conforme un Ejecutivo “estable” y mostró su confianza en la independencia de la justicia y en la separación de poderes que existe en los países de la UE, incluido el Estado español.

Respecto a la petición de la justicia española de extraditar a Puigdemont, recordó que en los países de la UE existen “diferencias” en los delitos recogidos en los respectivos códigos penales. Ademas, recordó que el delito de rebelión no está contemplado en determinados estados, por lo que el caso del cesado president de la Generalitat y de otros dirigentes catalanes “puede acabar” en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. -Europa Press