El poder propiamente dicho

Puede comprobarse que el procés está encallado y sin ningún resquicio de viabilidad. Por supuesto, la intransigencia y el empecinamiento del Gobierno español han impedido cualquier solución dialogada, pero sería ingenuo cerrar los ojos al cúmulo de errores, improvisaciones y torpezas de quienes han liderado el pretendido cambio de estatus político para pasar unilateralmente de la autonomía a la independencia. Ya de salida, no se ha tenido suficientemente en cuenta la dificultad básica: que el independentismo no ha logrado sumar más del 48% del electorado. Añádase que no están suficientemente ensamblados los proyectos ideológicos entre las tres formaciones soberanistas; que JuntsxCat y ERC son rivales políticos y la CUP no pasa de socio coyuntural que va por libre; que Europa, al menos hasta ahora, no ha comprometido su apoyo al independentismo catalán, ni siquiera su comprensión; y que no había una hoja de ruta, ni siquiera un plan B para cuando pintasen bastos, que pintaron. Pero quizá el más grave error de los impulsores del procés ha sido subestimar la reacción de los poderes del Estado, ese lamentable error de cálculo que les llevó a creer que con poner en un aprieto al Gobierno español se le podría forzar a un acuerdo. Pues no.

El Gobierno español hizo lo que se esperaba de él y cerró de un portazo cualquier solución negociada al conflicto catalán. Rajoy tiró de manual constitucional y no le costó nada encontrar socios para aplicar el artículo 155, invadir las instituciones catalanas y convocar elecciones desde Madrid. El problema vino después, cuando el resultado del 21-D no fue el esperado -y deseado- y todo volvió al punto de partida. Fue entonces cuando Mariano Rajoy se reconoció impotente, hasta aquí he llegado, hasta aquí ha llegado la política, procedan ustedes.

Y abrió paso a los poderes reales: los tribunales cómplices, la Policía, el CNI y los medios de comunicación afectos. Los Cuerpos y Fuerzas junto a los servicios de Inteligencia del CNI investigaron y trasladaron a Fiscalía su interpretación de los hechos. En estos casos de alto voltaje, siempre hay jueces o juezas que se prestan con gusto -incluso se pelean por ello- a alcanzar el estrellato complaciendo a los que mandan, y bien pronto Pablo Llarena le levantó el caramelo a Carmen Lamela por aquello de que las togas del Tribunal Supremo tienen más puntillas que las de la Audiencia Nacional. En esta refriega, los principales medios de comunicación, que conocen de sobra por escarmiento ajeno lo duro que resulta nadar contra corriente y desmarcarse del poder, se dedicaron con ardor guerrero a echar leña al fuego, a satanizar al independentismo catalán y a jalear la mano dura. Y allá, al fondo, vigilando, el Ibex 35.

Mariano Rajoy siempre podrá alegar que él no encarcela a nadie, que él sólo vela por el cumplimiento de la ley. Informan los Cuerpos y Fuerzas, escudriñan los servicios de Inteligencia, acusa el fiscal y castigan los jueces. Él y su Gobierno, esa es la verdad, llegan sólo hasta donde les dejan llegar. Otros, los poderes propiamente dichos, son los que proceden.

Bien, y después de comprobar quién es el que manda aquí, mientras los promotores del procès se lamen las heridas y se preguntan estupefactos unos en la cárcel, otros en el exilio, todos en la melancolía, qué es lo que hicieron mal, casi todo sigue empantanado en Catalunya. Quienes retienen el poder propiamente dicho en España, por el contrario, han conseguido más de lo que en un principio pretendían, que era el bloqueo del independentismo catalán. Han conseguido que se propague como una plaga el clamor por la España Una, que se exacerbe el españolismo más cutre y más chulesco, que se alardee de la rojigualda como provocación. O sea, hemos retrocedido cuarenta años y, aviso a navegantes, la amenaza del 155 pende sobre las esperanzas y los ideales de todos los que pensábamos que esa España Una, Grande y Libre era cosa del pasado.