Gasteiz - Ya la semana pasada, la abogada que destapó el caso De Miguel afirmaba que tras negarse a pagar una comisión de más de 100.000 euros a la presunta trama corrupta fue vetada de los concursos públicos, y ayer así lo ratificó a preguntas del fiscal alavés Josu Izaguirre. Ainhoa Alberdi, tras liquidar la firma Urbanorma y constituir Alberdi-Vicinay, concurrió como subcontratada por el estudio técnico Stoa a la adjudicación de un contrato para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
El responsable de Stoa, Sergio Fernández Oleaga, la apartó del proceso. Alberdi se reunió con él para pedirle explicaciones, una cita que registró en la grabadora Olympus sobre la que se sustenta buena parte de la acusación a los imputados. En la reproducción de la grabación que ayer se pudo escuchar en la Audiencia alavesa Alberdi pregunta al ahora imputado si De Miguel estaba detrás de su expulsión del concurso. “Sí... Eso”, responde vacilante el empresario. Para la denunciante, Fernández Oleaga “reconoce” que De Miguel la había “apartado” de esta nueva adjudicación porque lo había “ordenado” el exdirigente del PNV y exdiputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, informa Europa Press.
El fiscal Izaguirre preguntó a Alberdi si Fernández Oleaga le reconoció que tenía a De Miguel como “padrino” y que éste le había “ordenado” que la apartaran del nuevo contrato en “venganza” por no pagar comisiones, a lo que la testigo respondió que “sí”.
La abogada afirmó que Fernández Oleaga le advirtió de que rehusara recurrir la adjudicación de la que había sido expulsada, pues no ganaría un nuevo concurso debido a los “problemas” que tenía con De Miguel. Aquella adjudicación, firmada el 12 de diciembre de 2009, tres meses antes de la detención de los principales responsables de la presunta trama corrupta, daba luz verde además a una oferta “temeraria”, según Alberdi, pues ascendía a cerca de 400.000 euros, prácticamente la mitad del coste de los trabajos. Según Alberdi, esta supuesta venganza de De Miguel por negarse a pagar una comisión por una adjudicación anterior a Urbanorma fue el “empujón” definitivo que le llevó a denunciar a la presunta trama corrupción.
concentración de apoyo Por otro lado, la plataforma Adi! se concentró frente al palacio de Justicia para reclamar medidas más contundentes contra la corrupción y para mostrar su apoyo a Alberdi, que desde que denunció ha tenido que ser tratada por ansiedad debido a las presiones sufridas. Además, durante el juicio ha afirmado sentirse más acusada que testigo en algunos momentos, y dijo haber dudado de si hizo lo correcto al recurrir a la Justicia habida cuenta de lo que ha tenido que pasar durante la última década.
