valencia - El expresident de la Comunitat valenciana, Francisco Camps, sumó ayer su tercera investigación -figura antes conocida como imputación- por su gestión al frente de la Generalitat. Al caso Valmor y su declaración en una pieza secreta de esta trama se le unen las irregularidades que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha detectado en los contratos de la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI en 2006. Ha sido citado a personarse ante la Justicia por prevaricación, malversación y falsedad. El obispo auxiliar de Valencia que presidió la fundación organizadora del evento, Esteban Escudero, también deberá declarar, al igual que otros altos cargos del PPCV como el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el expresidente de Les Corts Juan Cotino.

El eje de la investigación judicial se centra en las supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias que organizó la visita de Benedicto XVI en julio de 2006, cuyo coste alcanzó los 14 millones de euros según una auditoría realizada por la Generalitat en 2016, aunque otras fuentes apuntaban a un gasto superior, cifrado en 22 millones de euros. Más concretamente, la Justicia analiza si se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública, según explican fuentes del TSJCV. La jueza instructora “está practicando diligencias” y ya se han requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones, añaden.

El Juzgado ha transmitido la denuncia de la Fiscalía a las diez personas, cuya declaración ha solicitado el Ministerio Público, y la instructora les ha comunicado la existencia del procedimiento para que puedan personarse y tener conocimiento de las diligencias. En cuanto a la fecha de las citaciones, la jueza les llamará a declarar como investigados cuando reciba y estudie los informes y la documentación requerida, así como tras haber oído a los testigos.

La causa por la visita de Benedicto XVI, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. En su momento, De la Mata optó por inhibirse en favor de los juzgados valencianos en relación con una pieza que ampliaba la investigación sobre las contrataciones de la Fundación desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción fechada en marzo de 2014.

Camps se ha defendido de las acusaciones asegurando que él solo ejerció como presidente de honor de la fundación que organizó la visita del Papa y, por lo tanto, no tuvo ninguna relación con la gestión diaria de la fundación. El expresident popular valenciano afirmó estar “completamente seguro” de que en esa entidad, que llegó a gastarse 7 millones de euros tan solo en pantallas para su retransmisión, se hizo todo correctamente y no se produjo ninguna irregularidad. “Precisamente porque era un presidente honorífico no habría tenido ningún sentido que yo me hubiera dedicado a firmar contratos”, sostuvo. Por último, y pese a los graves delitos que el TSJCV le imputa haber cometido, se mostró “convencido” de que esta citación es una “imputación preventiva” cuya única finalidad es mantenerle en esa condición ante la eventualidad de que más adelante alguien quisiera imputarle y evitar, así, la posibilidad de que los supuestos hechos hubieran prescrito. - Efe