madrid - El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió ayer la propuesta del PP para prohibir que se pueda indultar a condenados por delitos de rebelión y sedición porque responde a “una verdadera demanda social”. “Tenemos la responsabilidad de traer al Congreso lo que consideramos que son los debates sociales y lo que la sociedad española está demandando en este momento”, aseveró. Se refirió así en los pasillos de la Cámara baja a la enmienda presentada por el PP a la proposición de ley del PSOE de reforma de la vigente Ley de Indulto para prohibir los indultos en casos de violencia de género y de corrupción por parte de funcionarios públicos.

En su texto, los populares plantean prohibir también que un Gobierno pueda conceder esta medida de gracia a los condenados por rebelión, sedición y traición, que son precisamente los delitos por los que se investiga al Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras por el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia de Catalunya. En esa lista de excepciones, el PP suma a los penados por homicidio doloso, terrorismo, genocidio, delitos contra la Corona, trata de blancas, financiación ilegal de los partidos y corrupción de cargos electos.

El titular de Justicia adelantó que el PP trabajará para “buscar consensos” en el Congreso en torno al texto de su enmienda, pero esta iniciativa provocó ayer multitud de reacciones en contra. Es el caso del PSOE, cuya portavoz parlamentaria, Margarita Robles, opinó que no persigue otro objetivo que “tapar sus problemas de corrupción”. “Lo que importa es tener en cuenta que la proposición de ley de indulto la hizo el PSOE, alarmado por los múltiples indultos que en materia de corrupción estaba aprobando el gobierno del PP”, aseguró, al tiempo que eludió confirmar que su grupo vaya a apoyar esa enmienda, como sí lo hizo Ciudadanos. Así, el portavoz naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, afirmó que si su partido gobernase, “jamás” perdonaría la pena a condenados por delitos de rebelión o sedición, y que está a favor de prohibir el indulto en esos casos, como plantea el PP.

El PNV también se pronunció al respecto, y su portavoz de Justicia en la Cámara baja, Mikel Legarda, consideró “inconstitucional” que se limite la capacidad de ejercer del derecho de gracia que tiene el Ejecutivo. A su juicio, “impedir esa posibilidad en determinados condenados en razón del delito es una vulneración constitucional tanto respecto a sus facultades constitucionales como al principio de igualdad que impida la discriminación en la ley entre los reos”. El PNV se muestra “totalmente contrario” a esta iniciativa porque “además, sería negar materialmente una herramienta que pudiera servir para solventar problemas políticos. ¿Piensan que la situación en Catalunya va a mejorar con esta propuesta?”, zanjó.

Desviar la atención Según la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, los populares deberían estar más preocupados por que los delitos de corrupción no prescriban ni puedan ser indultados en lugar de “desviar la atención a otros delitos” como la rebelión o sedición, de los que se acusa a los dirigentes independentistas catalanes.

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, aseguró que la propuesta del PP es una forma de “represión” de la que se trasluce “su posición débil y que solo les queda la fuerza bruta”. Para Carles Campuzano (PDeCAT), es una “venganza” para castigar “a los que cuestionan la unidad de España”. - DNA