Bilbao - La propuesta del PNV plantea una nueva relación singular y diferenciada donde ya no sea posible que el Estado vulnere las competencias vascas, y donde se establezcan mecanismos bilaterales para resolver los conflictos, en lugar de dejarlo todo al albur del Tribunal Constitucional español. Los jeltzales no han renunciado al derecho a decidir, y lo presentan bajo el amparo de los derechos históricos que reconoce la propia Constitución española y que facultan a Euskadi a actualizar su autogobierno. Proponen conjugar el principio de legalidad y el principio democrático, de manera que se conceda un valor normativo relevante a la voluntad expresada por los vascos. Joseba Egibar explicó ayer que se pretende situar el autogobierno vasco “fuera del título octavo de la Constitución”, y que no se cierra la puerta a que haya nuevas modificaciones en el futuro en función de la voluntad “libre y democráticamente expresada” por los vascos.

Los jeltzales ponen en valor los derechos históricos reconocidos en la disposición adicional primera de la propia Constitución española. Se recogen también en el Estatuto de Gernika, que dice que “la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.

COMPETENCIAS En la línea de lo adelantado ayer por este periódico, esos derechos históricos dan la percha legal al PNV para actualizar el Estatuto, y añade que “el respeto a la legalidad no debe provocar la vulneración del principio democrático, un principio que exige dotar de un valor relevante y primario a la decisión de la ciudadanía vasca; un principio que es también, con igual o superior fuerza, legalidad vigente”. También se invoca la tradición pactista de la foralidad: “Pacto y democracia”.

En el catálogo de las competencias, el PNV propone trasladar al ámbito político el modelo del Concierto Económico, que garantiza una relación de igual a igual entre el Estado y Euskadi en el ámbito financiero. Los jeltzales proponen una “importante transformación” de las competencias que recoge el Estatuto de Gernika. Mencionan un primer bloque de materias que tendrían que ser exclusivas y blindadas, de tal manera que no se vean afectadas por la legislación estatal, ni sean invadidas como ha sucedido en los últimos años a través del copago farmacéutico o la Lomce en educación. En caso de discrepancia, se resolvería a través de la negociación política en una Comisión Mixta.

Esas materias concertadas serían la lengua y cultura vascas, educación, seguridad, empleo público, derecho civil, régimen del Concierto Económico, organización institucional y administración de Justicia. En el caso de la Justicia, el PNV propone, además, que el tribunal superior vasco sea la última instancia, salvo en los casos en que el Tribunal Supremo actúe para sentar jurisprudencia sobre la legislación estatal. Se menciona también “una política penitenciaria propia”.

También pide reconocer a los poderes vascos la titularidad de los recursos naturales y las infraestructuras que estén en su territorio, y asumir “todas las facultades” en materia de relaciones laborales y Seguridad Social, con “capacidad legislativa plena” para Euskadi. Lo justifica en la existencia de un “subsistema completo de agentes sociales” en suelo vasco. Seguirían en pie los mecanismos de solidaridad con otros territorios estatales.

El cambio de paradigma también implicaría traspasar de una sola sentada todas las competencias previstas en el nuevo estatus en un plazo de tres meses desde su aprobación. El traspaso será “único y definitivo” y no precisará de ninguna negociación futura, lo que evitará que se repita la historia del Estatuto de Gernika, aún sin cumplir en su integridad casi cuarenta años después de su aprobación en 1979. Los sucesivos gobiernos españoles solo han accedido a negociar traspasos cuando han necesitado al PNV para aprobar las Cuentas. También se establecerá un régimen especial para aplicar el artículo 135 de la Constitución, de tal manera que los objetivos de déficit no constriñan la autonomía financiera vasca.

derechos sociales El PNV propone, asimismo, hacer referencia “explícita” a los “derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en las leyes dictadas por el Parlamento Vasco”. Se trataría de reformar el artículo 9, que alude de manera más genérica al deber de los poderes públicos de promover la igualdad real. El objetivo es “formular contenidos de inequívoca proyección programática”.

Plantea un sistema confederal de bilateralidad efectiva y alude constantemente a Euskadi como “sujeto político-jurídico”. Los jeltzales defienden que su propuesta es legal y “de no ruptura”. Reivindican que “Euskal Herria es un pueblo con identidad propia” y se asienta en siete territorios articulados en tres realidades institucionales diferentes.

Denominación de la CAV. Propone rebautizarla como comunidad foral vasca, comunidad nacional vasca, Estado autónomo vasco o Estado foral.

Nafarroa e Iparralde. Pide reconocer el derecho a establecer vínculos políticos sin más limitación que la voluntad de la ciudadanía y las decisiones de sus instituciones. Quiere ir más allá de la Eurorregión Aquitania/Euskadi. A futuro, pide abrir la puerta a la eurorregión vasca.

Presencia en la UE. Plantea la participación directa en órganos de trabajo del Consejo y la Comisión, la gestión de fondos europeos y participar en convenios en competencias propias.