- EH Bildu anunció ayer, al presentar su propuesta De la autonomía a la soberanía. Bases para un nuevo estatus político en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, que aspira a que a comienzos de 2019 la ciudadanía de la CAV sea llamada a las urnas para una consulta “habilitante” y “no vinculante” sobre el nuevo estatus, que deberá recoger el “derecho a decidir” como puerta de acceso a un futuro Estado vasco independiente.
La coalición soberanista fue la primera de las fuerzas que, con su acto el domingo en Hernani, hizo pública una propuesta que concreta la posición que ya había fijado en la última campaña electoral autonómica. Una actitud que, en buena medida, supone la plasmación del giro hacia posiciones más posibilistas frente a propuestas anteriores, como la Vía Vasca, en la que abogaron por la vía unilateral.
EH Bildu ofreció en aquella campaña de 2016 respaldo a la tesis defendida por el candidato a la reelección, Iñigo Urkullu, de negociar desde la bilateralidad el nuevo estatus, aunque reclamó al partido jeltzale acordar antes de viajar a Madrid el escenario posterior a la posible negativa del Estado. A su manera, la coalición se ha sumado a las fases que el PNV ha defendido en los últimos años para renovar el Estatuto de Gernika: “Diálogo, negociación, acuerdo y ratificación”. La coalición propone abrir en este primer semestre de 2018 un proceso participativo entre la ciudadanía y los partidos que luego recogería en verano el Parlamento Vasco para proponer un texto articulado que en otoño pasaría por las manos de un “organismo independiente de prestigio”, encargado de redactar el texto definitivo que, tras aprobación de la Cámara, sería sometido en el primer trimestre de 2019 -año de elecciones municipales, forales y europeas- a una consulta “habilitante”, aunque no vinculante. Esa consulta legitimaría a la delegación vasca que viaje a Madrid.
El texto “tiene que reconocer expresamente al pueblo vasco, dotado de un poder constituyente originario o soberano que se puede ir desplegando de forma compartida con otros ámbitos de poder a partir del libre acuerdo de voluntades”. La propuesta de EH Bildu aboga por que los ciudadanos de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia, “en el ejercicio del derecho a decidir libre y democráticamente su propio marco de organización y relaciones políticas” se constituyan en la “Comunidad Estatal Vasca” (CEV).
Esta definición política aspira a dejar atrás la fase autonómica (de CAV a CEV) y pretende abrir una nueva relación con el Estado español, en la que gran parte de las competencias estén en Gasteiz -incluido un Poder Judicial Vasco-, el Gobierno Vasco tenga “representación y participación efectiva” en la escena internacional, una comisión bilateral paritaria dirima una cooperación sin coerción de ninguna de las partes e incluso la CEV tenga un derecho a veto, para lo que EH Bildu recupera, como ha hecho Urkullu, el histórico pase foral. Pero constata que la actual España no es federal y que sería “conveniente” una estructura tal, más que autonómica. Aun así, la coalición ve viable su propuesta, la que recoge que haya un reconocimiento “formal del derecho a decidir”, lo que alejará a PSE y PP.
Mirando A PNV y Podemos Más que tratar de acercar al PNV a su posición, EH Bildu busca acercarse a los jeltzales, con expresiones utilizadas tanto en el Plan Ibarretxe como en las negociaciones de Loiola, y también a Elkarrekin Podemos, cuando especifica en dos ocasiones la vinculación del derecho a decidir no solo con el ámbito territorial, sino también en la “elaboración de las políticas públicas”, como la formación morada ha defendido desde su irrupción en la CAV.
¿Madrid aceptará la inclusión del “derecho a decidir” en un texto? Para la coalición, una “interpretación abierta” del Título Preliminar de la Constitución española actual y de los derechos históricos “permiten avanzar sin reforma expresa” de la Carta Magna.
Vistos algunos debates de Catalunya, EH Bildu avisa de que el principio de legalidad deberá ser “sobre el procedimiento”, no sobre un contenido que “no se puede limitar a la legalidad vigente o a su interpretación actual”, y afirma que “la búsqueda del consenso no puede obstaculizar la voluntad de las mayorías”. Propone que, una vez negociado el texto con Madrid, sea ratificado por la ciudadanía de la actual CAV y se sienten las bases para un referéndum de “secesión en los términos acordados con el Estado, y bajo una norma de claridad europea.