gasteiz - La controvertida comisión de valoración de casos de abusos policiales prevista en la Ley aprobada en el Parlamento Vasco para atender a estas víctimas y recurrida ante el Tribunal Constitucional echará a andar el próximo año. Así lo anunció ayer el secretario para la Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, en la presentación en el Legislativo del proyecto presupuestario para su área correspondiente a 2018. El tribunal de garantías mantuvo la suspensión de los artículos recurridos por el Gobierno central a la espera de una sentencia firme, pero ello no impedirá que la comisión de valoración inicie sus trabajos, aunque sea de forma limitada.

Así, explicó Fernández a los grupos, este consejo podrá analizar y valorar aquellos casos de abusos policiales que cuenten con una resolución judicial o administrativa. En esos supuestos, la comisión de valoración no incurriría en la invasión de competencias de la Justicia que denuncia el Gobierno central y que el Ejecutivo vasco rechaza, e incluso podría dictaminar resoluciones, pues no entraría a valorar quién puede o no ser considerado víctima de violencia policial. En el resto de casos, la comisión podría recabar testimonios de solicitantes, pero sin instruir el proceso ni encargar informes. “La ley está vigente en todo lo que no está suspendido”, señalaba al respecto Fernández, quien añadía que el Gobierno Vasco “tiene la obligación de cumplir de manera escrupulosa” la norma hasta donde se lo permita el TC.

El pasado 10 de octubre el Constitucional decretó el mantenimiento de la suspensión de los seis artículos recurridos, y a la espera de una sentencia firme que podría tardar un par de años en dictarse, el Gobierno Vasco optó por poner en marcha cuanto antes la Ley, que vendría a completar el trabajo por la verdad, la justicia y la reparación tras décadas de violencia política en Euskadi. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu había alegado que a la hora de definir la comisión de valoración se habían adoptado cautelas como garantizar “en todo momento los derechos de terceras personas que puedan aparecer reflejadas en los expedientes”, “comunicar a la vía judicial los expedientes no prescritos”, “suspender toda actuación si se conoce que hay causas judiciales o administrativas abiertas sobre los hechos”, o “salvaguardar el derecho a la protección de datos cuando se dé la colaboración entre administraciones públicas”. Con estas precauciones se pretendía garantizar que la ley se limita al reconocimiento y reparación de las víctimas y no entra en el terreno de los victimarios.

En ese sentido, el Ejecutivo señaló al TC que el Estado “ignora la literalidad de la ley impugnada”, pues “no interfiere en el proceso penal, ni despliega potestad sancionadora alguna sobre los actos causantes de las vulneraciones de derechos humanos”.

La norma vasca recibió además un espaldarazo el pasado mes de septiembre, cuando Amnistía Internacional la avaló, como ya hiciera el presidente hasta principios de año del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Fabián Salvioli redactó un informe que certifica la adecuación a la legislación internacional de la norma vasca. “Para mí ha sido sencillo hacer este informe porque la ley es inobjetable”, señaló Salvioli en Lehendakaritza a finales del pasado mes de abril.

más de un millón de euros El desarrollo de la Ley de abusos policiales, literalmente denominada Ley de Reconocimiento y Reparación a Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, contará en 2018, si se aplica el Presupuesto expuesto ayer en el Parlamento, con una partida de 1,4 millones de euros.