bruselas - Carles Puigdemont negó ayer de manera expresa que haya viajado a Bélgica para pedir asilo político pero, al mismo tiempo, insinuó que se ha cobijado temporalmente en el país hasta que tenga garantías de un juicio justo y con separación de poderes en el Estado, en un momento en que sobrevuela su eventual encarcelamiento por rebelión. El president cesado por Madrid apuntó así a un exilio provisional, sin fecha de regreso a Catalunya, y dejó ver que no volvería a hacer las maletas hasta que obtenga las garantías necesarias. Sin embargo, tan solo unas horas después, a la noche, ese panorama comenzó a cambiar por completo con el goteo de los primeros consellers que comenzaron a volver a Catalunya. De los seis consellers que lo acompañaron, TV3 confirmó ayer el regreso del responsable de Interior, Joaquim Forn; de Cultura, Lluís Puig; y de Trabajo, Dolors Bassa. Hubo informaciones contradictorias que apuntaban al regreso del propio Puigdemont.

La Fiscalía ha presentado una querella por rebelión contra el president cesado y su Govern. La Audiencia Nacional la admitió ayer por la tarde a trámite y los citó a declarar para mañana y el viernes. Se da la circunstancia de que la mitad del Govern estaba con él en Bélgica, y la otra mitad seguía en Catalunya. Los miembros desplazados a Bruselas se exponían a una euroorden de detención si no comparecían estos días en Madrid. Ayer comenzaron a tomar el avión de regreso, y se desconoce si también lo hizo Puigdemont porque las informaciones fueron contradictorias. Todo apunta a que el president cesado tiene intención de comparecer ante la justicia y que regresará a Catalunya.

“No estoy aquí para pedir asilo. No es una cuestión de la política belga”, dijo por la mañana, en un ejercicio de realismo en vista de la frialdad con la que han recibido su visita los representantes del país. El abogado Paul Beckaert, al que sondeó por haber defendido a la miembro de ETA Natividad Jauregi y haber conseguido que su extradición al Estado sea rechazada, reconoció ayer que obtener asilo político no sería del todo sencillo. En ese contexto, Puigdemont admitió que sus pretensiones van en otra dirección. “Estoy aquí para actuar con libertad y seguridad”, explicó, para añadir que, mientras siga en curso un proceso judicial en el que su Govern se encuentra señalado y no haya garantía de separación de poderes, no habrá “condiciones objetivas ni posibilidades” de volver. En Bélgica busca “garantías que no se dan el Estado”, porque Madrid “no tiene un deseo de justicia, sino de venganza”.

Si no pide asilo, ¿qué implicaba su estancia en Bélgica? La Fiscalía ha presentado una querella contra el Govern por rebelión, y la Audiencia Nacional quiere que declare entre mañana y el viernes. Si Puigdemont no atiende la llamada por encontrarse en Bélgica y no ve garantías para un proceso limpio, la justicia española podría citarlo en una segunda ocasión o, directamente, ordenar su detención. En ese punto entraría en escena la orden europea de detención. La justicia belga tendría que examinarla, pero estos procesos suelen dilatarse durante meses y Puigdemont lograría retrasar el juicio.

Sin embargo, el exilio en Bruselas podía complicar la situación de los que quedan en Catalunya, porque el fiscal podría alegar riesgo de fuga y pedir prisión provisional para todos. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa, han sido citados mañana y el viernes. La Audiencia Nacional, por otro lado, fijó ayer una fianza de seis millones. Si los querellados no pagan en tres días, embargará sus bienes. Con este escenario, la presencia de Puigdemont en Bruselas parecía más encaminada a llamar la atención de la Unión Europea para que medie, al ser Bruselas sede de las instituciones comunes.

El viaje dejó partido en dos al Govern. Puigdemont fue a Bruselas con siete exconsellers (Dolors Bassa, Toni Comí, Joquim Forn, Lluís Puig, Meritxell Borràs, Meritxell Serret y Clara Ponsatí), y otros cinco seguían en Catalunya, entre ellos pesos pesados del procés, como el vicepresident Oriol Junqueras; el encargado de las relaciones exteriores, Raül Romeva; el portavoz Jordi Turull, y el conseller de Territorio, Josep Rull, fuera de juego tras haber sido el único que ha amagado con la desobediencia. Los que no fueron a Bruselas celebraron ayer una reunión en la que no tomaron decisiones administrativas. - DNA