La trama de Correa mantenía “una actividad duradera” de sobornos para financiar al PP

La fiscal Concepción Sabadell destacó ayer durante la exposición de su informe de conclusiones que tras una “ardua y compleja instrucción” de la causa, “y no menos complejo juicio”, ha quedado acreditado que la trama de corrupción creada por el Grupo Correa “no es un hecho aislado” y que los “hechos han sido probados y contrastados” para poder condenar a los 37 acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien solicita 39 años de prisión.

Recordó además que el propio Correa, para quien la fiscal pide la máxima pena, 125 años de prisión, “involuntariamente” habló del “sistema” para referirse a su intermediación entre cargos públicos y empresas y asegurar la adjudicación de contratos a cambio del tres o el cuatro por ciento de comisión, “lo que fue un modo de vida duradero de esta organización constituida para delinquir. No es un hecho aislado”.

La fiscal abundó en que a tal fin los acusados crearon “un entramado societario” y usaron “una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados”. Dijo que de esta forma “esquilmaron arcas públicas” con un sistema de corrupción en perjuicio de la concurrencia legal de empresas sobre todo en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la localidad madrileña de Majadahonda. Concretó que la trama consiguió contratos públicos por ocho millones de euros por los que se pagaron más de un millón en comisiones.

acusados A la sesión de ayer, la número 114, asistieron todos los acusados, después de que el tribunal les obligase a escuchar los alegatos finales de todas las partes. Desde que comenzaron los interrogatorios en febrero, los 37 procesados han tenido autorización para ausentarse de casi la totalidad de las sesiones celebradas, a no ser que la jornada estuviese directamente relacionada con alguno de ellos.

Entre ellos se encuentran exalcaldes populares como Guillermo Ortega (Majadahonda), para quien pide 50 años de prisión; Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón), para quien solicita 15 años; el extesorero del PP Luis Bárcenas; o el exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado número dos de la trama.

Según la fiscal, la del Grupo Correa es “Una actuación aún más reprochable” si se tiene en cuenta que las entregas de dinero a “cargos públicos” provenía del dinero que la trama estaba “gestionando” con estos negocios, añadió.

La fiscal calificó de “relevante” la declaración que prestó en el juicio Correa que, aunque a su juicio, no le permite proponer circunstancias atenuantes de la pena, sí entiende que debe ser valorada por el tribunal a la hora de individualizar la pena a imponerle. Durante su informe se opuso a las alegaciones de nulidad de pruebas alegadas por las defensas y calificó de “inaceptable” que algunos abogados hayan dicho que la Fiscalía ha subcontratado a los peritos judiciales o que hayan cuestionado los documentos exhibidos por el Ministerio Público y hablen de manipulación. - Efe/E.P.