madrid - El Gobierno español aplicará el artículo 155 de la Constitución, que le faculta a suspender la autonomía catalana. Mariano Rajoy ha tomado esa decisión a pesar de que el president Puigdemont ofreciera ayer las explicaciones más claras que ha proporcionado hasta la fecha. En su último intercambio epistolar en el día en que vencía el plazo para que aclarase si el Parlament ha decretado o no la independencia, el president dijo que no hubo tal proclamación. Lo hizo de manera expresa, asegurando que la Cámara “no votó” la declaración; y de manera implícita, cuando abrió la puerta a hacer efectiva la declaración en los próximos días si se suspende la autonomía, lo que lleva a deducir que, si se va a hacer en el futuro, todavía no se ha proclamado la República catalana. Rajoy respondió con el artículo 155. El Consejo de Ministros previsto para mañana anunciará con qué alcance se aplicará esta previsión constitucional, aunque se da por hecho que se cobrará, como mínimo, el control de los Mossos d’Esquadra, y de los asuntos económicos y fiscales que ahora dirige Oriol Junqueras. La medida tiene que aprobarse en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y el apoyo del PSOE. La sesión plenaria podría tener lugar los días 30 o 31 de este mes. Paradójicamente, con su decisión, Rajoy va a provocar la declaración de independencia que quería evitar.

En la última oportunidad que tenía para aclarar si declaró la secesión, Puigdemont censuró ayer en su carta que su apuesta por el diálogo no haya tenido éxito, y que nadie en Madrid haya valorado la decisión de poner en suspenso la declaración de independencia. Recriminó al presidente español que no haya atendido la única petición expresa que le formuló para relajar el ambiente: le reclamó que cesara la “represión judicial” contra los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y recibió como respuesta su entrada en prisión. También lamentó que se plantee la suspensión de la autonomía. “Si persiste la represión y la falta de diálogo, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el 10-O”, zanjó. El lunes, Puigdemont había fijado un plazo de dos meses para dar una oportunidad al diálogo, pero anteayer el PDeCAT lo autorizó a levantar la suspensión de la declaración de independencia si Madrid interviene la autonomía, de ahí que los plazos puedan saltar por los aires.

Puigdemont también aprovechó para poner en valor el referéndum del 1 de octubre, donde la independencia ganó “con el aval de un elevado porcentaje de los electores”, superior al que ha permitido a Reino Unido iniciar el Brexit y con “un número de catalanes superior al que votó el Estatut d’Autonomia de Catalunya”.

Rajoy dio por no respondido su requerimiento y su gabinete “seguirá adelante con los trámites previstos en el artículo 155”. “El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”, dijo el Gobierno español en un comunicado.

El contencioso catalán se dirige ya hacia un escenario de confrontación abierta y sin opciones aparentes para un diálogo político. La suspensión de la autonomía dinamita la comisión territorial que iba a explorar una reforma constitucional en el Congreso de los Diputados a petición del PSOE. ERC ya anunció que no participará, y el PDeCAT lo condicionó a la no aplicación del 155.

Rajoy solo daría marcha atrás si el Govern convocara un adelanto electoral. Junts pel Sí y la CUP, por su parte, estudian cómo decretar la independencia, aunque aún no hay fecha y el PDeCAT quiere medir los tiempos y las reacciones. La declaración podría dar lugar a dos gobiernos paralelos.

Se prevén días de tensión social. Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros se ha convocado para mañana, el mismo día en que la ANC y Òmnium van a manifestarse por la liberación de sus presidentes. La CUP propone una huelga general indefinida hasta su excarcelación.