madrid - La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 122 años de cárcel para el miembro de ETA Sergio Polo por el asesinato, el 22 de diciembre de 1995, del comandante del Ejército Luciano Cortizo Alonso en León al estallar una bomba lapa en su vehículo en el que viajaba con su hija, que resultó gravemente herida.
La causa por este atentado, que se juzgará próximamente, fue reabierta hace dos años después de que fueran hallados indicios contra Polo y la jefa de ETA María Soledad Iparragirre, Anboto -presa en Francia-, a raíz de la revisión que las fuerzas de seguridad hacen de los atentados de la banda sin resolver.
En relación con el asesinato del comandante Cortizo, la Guardia Civil desveló en un informe que en el registro del domicilio de Pasaia alquilado por Sergio Polo se ocuparon “numerosas evidencias, documentos y efectos” contra los dos etarras como responsables del atentado. La Fiscalía pide además que se prohíba al acusado viajar a León durante 10 años desde su excarcelación.
Según el relato del fiscal, en fechas previas al 22 de diciembre de 1995, María Soledad Iparragirre entregó a Sergio Polo material explosivo para asesinar al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, dándole instrucciones precisas. El etarra residía en aquellas fechas en un piso que había alquilado en Pasaia y ahí guardó el material explosivo y elaboró el artefacto para cometer el atentado: una bomba lapa.
Días antes del crimen, se trasladó desde Donostia a León, utilizando el transporte público, y vigiló al comandante Cortizo hasta detectar el vehículo que usaba habitualmente para sus desplazamientos en la ciudad de León, un Ford Orion.
Una vez localizado el vehículo, que se encontraba estacionado en la calle de Álvaro López Núñez desde las 17.30 horas del 21 de diciembre de 1995, el etarra, utilizando un destornillador especialmente preparado para forzar las cerraduras de los vehículos Ford, accedió por la noche y “con la intención de acabar con la vida del comandante, así como de cualesquiera personas que se introdujeran en el vehículo o estuvieran en sus proximidades, colocó bajo el asiento del conductor la bomba lapa”.
Sobre las 13.20 horas del 22 de diciembre de 1995, el Comandante y su hija María Beatriz se introdujeron en el vehículo y cinco minutos después de arrancar y tras circular unos 300 metros hizo explosión el artefacto. En ese momento el coche se encontraba detenido ante un semáforo situado en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la confluencia de las calles Renueva y Abadía, de León.
A consecuencia de la detonación, el comandante, que tenía 44 años, falleció en el acto, y su hija, que tenía 18 años, resultó herida de gravedad necesitando varias intervenciones quirúrgicas y resultando con secuelas. Igualmente resultaron con lesiones personas que transitaban por la calle en el momento de producirse la explosión. Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato terrorista (30 años de cárcel), cuatro delitos de asesinato frustrado (20 años cada uno), y un delito de tenencia de explosivos (12).
exjefe de eta Por otra parte, la Fiscalía cree que ha quedado acreditada la participación del exdirigente de ETA Eneko Gogeaskoetxea en el atentado frustrado perpetrado en 1997 contra el cuartel de la Guardia Civil en Comillas (Cantabria), junto con su compañero de comando Kepa Arronategi, ya condenado por estos hechos.
En la última sesión del juicio celebrado ayer en la Audiencia Nacional, el fiscal Marcelo Azcárraga manifestó que existen “evidencias” de la integración en el comando Katu del acusado, para el que pide 172 años de cárcel, así como indicios que le relacionan con los atentados cometidos por el mismo.
No obstante, Azcárraga retiró de su acusación el delito de tenencia de explosivos, por lo que rebaja su petición de pena de 178 años a 172 años de prisión por un delito de estragos en grado tentativa y 11 de asesinato terrorista en grado de tentativa. También retira la responsabilidad civil que pedía para Gogeaskoetxea ya que no han quedado acreditados los daños psicológicos de las víctimas, la mayoría agentes de la Guardia Civil y familiares, que estaban en el acuartelamiento. - E. P.