BARCELONA - La ley del Referéndum se aprobará este miércoles en el pleno del Parlament catalán. De este modo, la convocatoria tendrá el amparo legal necesaro para poder celebrar la votación el 1 de octubre, a la espera de lo que acontezca tras los reiterados anuncios del Gobierno español de que impedirá su celebración. En Moncloa ya tienen preparada la secuencia de actuaciones una vez que sea tramitada y aprobada la ley. El mismo miércoles o el jueves celebrará un consejo de ministros extraordinario, al que habrá que añadir el habitual de todos los viernes. También el Tribunal Constitucional tiene ya convocado un pleno para esta semana con la cuestión catalana entre sus puntos del orden del día, que arrancará el mismo miércoles y se prolongará hasta el viernes.
La otra de las leyes de desconexión es la de Transitoriedad, que algunas fuentes también preven que pueda aplicarse en el pleno de esta semana, pero en la sesión del jueves, aunque no está claro. Al Govern no le urge tanto como la del referéndum, porque su aplicación sería posterior a la consulta.
Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer a este diario que el Parlament aprobará en su sesión del miércoles la ley del Reférendum, con el respaldo de Junts pel Sí -la coalición que aglutina a PDeCAT y ERC y que sustenta el Ejecutivo de Carles Puigdemont- y la CUP. Una vez aprobada la norma, el Governe convocará de inmediato el referéndum y hará públicos los detalles de la votación del 1 de octubre.
Antes de llegar a pleno, la proposición de ley deberá de ser admitida a trámite por la Mesa del Parlament. Junt, a petición de JxSí y la CUP, que suman mayoría absoluta en la Cámara. Cualquier asunto, para ser incluido en el orden del día del pleno a través de este mecanismo, tiene que “haber completado los trámites reglamentarios que se lo permitan”, pero el mismo artículo 81.3 le exime de ello al introducir la salvedad de que exista “un acuerdo explícito en sentido contrario”, por mayoría absoluta.
La ley será aprobada mediante un procedimiento exprés muy parecido al de lectura única que el bloque soberanista intentó aprobar en julio pero que fue suspendido por el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno español que interpuso un recurso contra la iniciativa. Una vez aprobada la ley, el president Puigdemont reunirá a su gobierno para firmar el decreto de convocatoria del referéndum.
Será el momento en que los aparatos del Estado español pasen de las palabras a las acciones para, ya con la ley en la mano, intentar frenar la consulta y tomar medidas contra sus impulsores. El Gobierno de Rajoy tiene pensado reunirse de urgencia el mismo miércoles para abordar la cuestión y aprobar la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional. El alto tribunal tiene convocado pleno precisamente para ese mismo día y los dos días siguientes, por lo que, llegado el caso, podría dar una respuesta inmediata al recurso.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer en Valencia a los independentistas catalanes de que responderá a los planes de Puigdemont haciendo cumplir la ley “con toda la legitimidad y con toda la fuerza de la ley, y sin entrar en ningún enfrentamiento estéril, que es lo que pretenden los extremistas y radicales”. Lo hará “con moderación, con proporcionalidad pero con total firmeza y determinación”. A su juicio, los independentistas no van a conseguir sus objetivos con ese “golpe a la democracia española con el que un puñado de gente instalados en el extremismo pretenden la voladura de la Constitución de todos”.
En respuesta a las manifestaciones de Rajoy, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, denunció ayer que “está en marcha una operación provocación que pretende crispar el mes que nos queda hasta el 1 de octubre”.
En su cuenta de Twitter, Puigdemont pidió no caer en esta provocación porque “nos quieren crispados y enfadados (como ellos) porque nos ven serenos y esperanzados”. En otro tuit denuncia “manipulaciones, montajes, falsedades y provocaciones” por parte del Gobierno español y de algunos partidos y medios de comunicación. “La campaña del no busca crispar el mes que nos queda hasta el 1-O. Votaremos y decidiremos”, afirma el president.