Sin novedades cuatro meses después. Los tres jóvenes de Errenteria que fueron arrestados junto a un menor en los incidentes que se produjeron al término de una manifestación de Errepresioari Autodefentsa en Iruñea el 11 de marzo continúan en prisión después de que la Audiencia Nacional haya rechazado esta misma semana una nueva petición de libertad condicional.

“Están en la cárcel de Iruñea y jurídicamente la competencia es de la Audiencia Nacional. Toda la instrucción está por hacerse. No creo que sea muy larga, porque se basará básicamente en el atestado policial”, reconoce el abogado Jon Galfarsoro, que espera a que esa fase de instrucción se desarrolle para saber “si se mantienen los delitos de terrorismo, que supongo que será así porque están empecinados, o no”.

La responsabilidad de realizar la instrucción es del Juzgado Número 3, cuya titular es Carmen Lamela. En un auto del 24 de marzo, ya consideró que lo que ocurrió en la tarde del día 11 del mismo mes en la capital navarra podía encuadrarse en un delito del artículo 573 del Código Penal. Tras la reforma del año 2015, inspirada en el marco antiyihadista, considera terrorismo cualquier acción destinada a alterar gravemente la paz pública y subvertir el orden constitucional.

Se trata del mismo artículo del Código Penal que también pesa como una espada de Damocles sobre los ocho encausados de Altsasu tras las presuntas agresiones contra dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas. Este mismo mes se ha sabido que en total se enfrentarán a 550 años de prisión en un proceso cuya vista oral puede celebrarse en septiembre u octubre una vez la Fiscalía ya solicitado las penas para los acusados.

“Sí es un precedente, porque sin ser igual, lo de Altsasu tiene algunas características similares. Aunque no lo quieras, genera cierto temor porque indudablemente nos parece algo desproporcionado, como dice mucha gente”, declara Patxi Petrirena, padre de uno de los tres encarcelados de Errenteria. Cree que la fase de instrucción previa al juicio ni siquiera ha arrancado: “No sé si en Iruñea se haría algo, pero al pasarlo a la Audiencia Nacional se empieza de cero”.

“Estos cuatro meses han sido muy duros”, describe Petrirena, que repite en varias ocasiones que “toca esperar”. Una espera que noticias como la petición de penas en el caso de Altsasu, que ha provocado críticas más o menos sonadas en parte de las formaciones, no han hecho tranquila: “Sin ser casos idénticos, no sabemos qué pasará, pero hay datos preocupantes”.

El caso de los jóvenes de Errenteria ha tenido el apoyo de varios exalcaldes de la localidad. Al primer edil, Julen Mendoza (EH Bildu), se le sumaron los exregidores socialistas Adrián López y Juan Carlos Merino; y Xabi Olaizola, de HB. “Por momentos éramos más optimistas y en otros, menos”, recuerda Petrirena el recorrido judicial que ha tenido el caso. Pese a que llegó a la Audiencia Nacional en primer lugar, la Justicia navarra requirió la comopetencia del caso para sí, al no apreciar delitos de terrorismo que el Tribunal Supremo, como hizo con Altsasu, resolvió de manera afirmativa. Ambos juicios se van para Madrid.

“Lo que vemos de momento es que todas las decisiones que se han tomado en el caso de Altsasu también se han tomado en el nuestro. Están siendo si no paralelos, sí con resoluciones muy similares”, reconoce el Galfarsoro, que recuerda que la petición de penas que la Fiscalía hizo en el caso navarro la tomaron “mal, ¿cómo lo vamos a tomar? No ha sido del todo sorprendente, porque vista la trayectoria que han tomado estos asuntos, cualquier cosa es posible, pero...”.

Temen el precedente. De momento, la única petición que han cursado, la de la puesta en libertad, ha resultado negativa en varias ocasiones. “Cuando la Audiencia Nacional se hizo cargo, una de las primeras cosas que hizo fue ponerse en contacto con los jóvenes, además mediante videoconferencia, para decidir a través de una vistilla sobre su libertad”, explica el letrado, que revela que la última apelación para la libertad condicional ha sido denegado sin que quepa recurso.

Por su parte, el padre de uno de los jóvenes que continúa en prisión reconoce que volverán a reclamar la puesta en libertad de sus familiares: “Seguro que la petición se volverá a hacer más adelante, cuando los abogados lo consideren oportuno”.

Cuatro meses después de aquel primer auto de encarcelamiento, Petrirena lamenta el parón propio del periodo estival: “No nos queda de momento más que esperar lo que llegue de los tribunales”. Una espera que ya ha cumplido cuatro meses y cumplirá algunos más hasta que se cierre la instrucción.