VITORIA - Jonan Fernández seguirá defendiendo la legalidad de la norma vasca que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Así lo anunció en su comparecencia en comisión a preguntas de EH Bildu, una circunstancia que el secretario de Paz y Convivencia aprovechó para seguir defendiendo la solvencia jurídica de la ley pese al recurso del Estado en el Tribunal Constitucional. Esa reflexión le llevó a considerar que Madrid, en el fondo, no comparte el derecho a la reparación de las víctimas de abusos policiales.

Fernández mostró su deseo de que las diferencias con el Gobierno español en relación a este asunto puedan “encauzarse” desde el “entendimiento”, dado que la resolución definitiva del Tribunal Constitucional sobre esta cuestión podría demorarse hasta dos años. Con ese objetivo, se prestó a “desarbolar los fantasmas y prejuicios” que pueden existir en el Estado. A su juicio, el recurso del Gobierno español evidencia que “no comparte el derecho a la reparación” de las víctimas a las que se dirige esta norma.

Fernández avisó de que el Gobierno vasco dará “pasos firmes” en defensa de la ley, por lo que solicitará el levantamiento de la suspensión de algunos de sus artículos decretada por el Tribunal Constitucional. Madrid argumenta que las víctimas solo pueden ser reconocidas por los jueces, y que la ley vasca intenta usurpar esa competencia a los tribunales.

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga reclamó al Gobierno vasco, que tiene de plazo hasta el 4 de julio para presentar alegaciones, que mantenga una actitud “exigente y reivindicativa”, y que ejerza “presión” frente al Ejecutivo español en defensa de la ley. Fernández, que el pasado 12 de mayo ya dio a conocer los argumentos que defenderá el gabinete de Iñigo Urkullu frente al recurso, insistió en que la Comisión de Valoración prevista en la ley tiene un carácter meramente “administrativo”. De esa forma, explicó que las competencias atribuidas a este organismo “no invaden” las funciones de los jueces y los tribunales de justicia. De todas formas, puntualizó que la suspensión cautelar “no impide” que la Comisión de Valoración pueda ponerse en marcha. Fernández también informó de que su gobierno pedirá a expertos internacionales y de la sociedad vasca que aporten su “opinión” sobre la ley. - DNA