pamplona - El Gobierno de Nafarroa acordó ayer personarse como acusación particular en las diligencias previas que sigue el Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona por las presuntas irregularidades en las ayudas públicas recibidas por el sindicato agrario UAGN para cursos de formación durante el mandato de UPN al frente del Ejecutivo foral.

La portavoz del Ejecutivo, María Solana, explicó que esta decisión se ha adoptado para de este modo poder conocer todo el proceso, las informaciones y actos que se sucedan y, si se considera oportuno, adoptar iniciativas para otras diligencias. La consejera recordó que, antes de dar este paso, los servicios jurídicos del Gobierno han analizado la causa y el Servicio Navarro de Empleo ha iniciado la revisión de toda la documentación de que dispone sobre ayudas a la UAGN.

“Las valoraciones realizadas y la Asesoría Jurídica nos dicen que conviene, si se ha de personar, que se haga ahora porque este es el momento previo a un pronunciamiento en el que podemos, como acusación particular, entrar en ese proceso, tomar parte en él, estar presentes en todo lo que acontezca y en todas las informaciones que se vayan suscitando y tomar si así se considerara oportuno iniciativas para abrir otras diligencias”, explicó Solana.

El acuerdo de gobierno especifica que la personación se realiza en calidad de acusación particular para el ejercicio de cuantas acciones penales y civiles pudieran corresponder. El Ejecutivo foral ha encomendado al Servicio de Asesoría Jurídica del departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia el ejercicio de las actuaciones procesales que correspondan. Ya la semana pasada, la presidenta de Nafarroa, Uxue Barkos, indicó que su Gobierno estaba valorando personarse como acusación particular en esta causa y que al mismo tiempo que están “extremando las medidas de control”.

En la misma línea, Solana adelantó tras el consejo semanal del Ejecutivo que se estaban “revisando de oficio” los expedientes relacionados con las subvenciones concedidas a la UAGN y analizando también la documentación relativa a la planta de biogás de Ultzama, un caso en el que además, dijo, “está valorando la posibilidad de personarse”.

La Fiscalía ya ha examinado el informe de fiscalización de la planta de biogás de Ultzama que Comptos elevó al Ministerio Público y ha decidido solicitar más información sobre el caso al órgano fiscalizador por si pudiesen existir responsabilidades penales achacables a la gestión que se hizo sobre la infraestructura.

Así lo hizo saber la presidenta de Comptos, Asun Olaechea, quien ayer compareció en el Parlamento de Navarra a petición de Geroa Bai, EH Bildu y UPN para detallar el demoledor informe que el órgano fiscalizador hizo sobre todo el proyecto.

Ultzama Olaechea aseguró en respuesta a una pregunta formulada por Unai Hualde (Geroa Bai) que la Fiscalía “ha iniciado actuaciones”, que de momento se han materializado en la petición de una gran cantidad de documentos relativos al Ayuntamiento de Ultzama, la empresa adjudicataria y la cesionaria, y los departamentos de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico. De momento, el procedimiento del Ministerio Público no deja de ser el habitual cuando una institución le hace llegar una denuncia de este tipo. Comptos elevó el informe el pasado día 2, y la Fiscalía ha reaccionado rápido e interesándose por el tema, pero eso no significa que ya haya abierto ninguna causa. Será cuando termine de examinar la documentación que ya le está facilitando Comptos cuando se produzca un pronunciamiento.

Olaechea asumió que “pocas veces” se ha manifestado Comptos “con tanta contundencia como en este informe al decir que no se cumplió la legalidad”. La presidenta del órgano fiscalizador repasó ayer el informe y señaló las posibles irregularidades que se han podido producir en la legislación contractual, así como en la contratación y en la por lo general opaca rendición de cuentas de la empresa, en la que no se ha encontrado documentación importante requerida por Comptos en la auditoría.