Barcelona - El Consejo de Europa ha dado un varapalo a la reforma del Tribunal Constitucional (TC) que impulsó Mariano Rajoy para que sus jueces pudiesen inhabilitar a los cargos públicos que incumpliesen sus sentencias. La reforma, que se aprobó pensando en el proceso soberanista catalán, tiene que ser reconsiderada, a juicio del grupo de expertos independientes de la Comisión de Venecia que trabajan para el consejo. Ese órgano cuestionó ayer, en concreto, que se endose al tribunal la carga de hacer cumplir sus sentencias, porque cree que esas atribuciones dañan su independencia y que solo debería actuar a petición de las partes, no por propia iniciativa. Su deber, según recuerda, es ser percibido como un árbitro neutral. El president, Carles Puigdemont, celebró su valoración e interpretó que Europa “ha plantado cara” a España “por primera vez”.

El Consejo de Europa es un organismo que agrupa a prácticamente todos los países europeos. La Comisión de Venecia, un grupo de expertos independientes que asesora al consejo en los debates constitucionales, hizo público ayer un análisis según el cual la reforma de Ley Orgánica del Tribunal Constitucional “no contradice las normas europeas”, pero añadió que “España debería mejorar algunas de ellas”, en referencia a la capacidad de destituir a un presidente autonómico. Según su opinión no vinculante, aprobada el viernes en Venecia y difundida ayer parcialmente, “debería reconsiderarse” el hecho de que el TC ejecute sus propias sentencias con el objetivo de que ese tribunal se perciba “como un árbitro neutral, como juez de las leyes”. El órgano, no obstante, recuerda que, cuando un funcionario público rechaza ejecutar una sentencia del TC, “viola los principios del Estado de Derecho, la separación de poderes públicos y la cooperación leal de los órganos del Estado”.

La Comisión cree que “otros órganos estatales deberían intervenir para defender la Constitución” y reforzar así “la postre, la independencia del Tribunal”. Fuentes del Consejo de Europa informaron a Efe de que la Comisión de Venecia tiene pendiente todavía la opinión solicitada por el Gobierno español respecto a la posibilidad de aplicar los artículos 155 y 116 de la Constitución española para hacer frente al soberanismo catalán.

El Ministerio de Justicia de Rafael Catalá, por su parte, puntualizó que ese análisis no cuestiona la posibilidad de suspender temporalmente en sus funciones a cargos públicos, sino que hace “algunas recomendaciones” relativas a la aplicación práctica de este punto. En un comunicado, recalca que se da por buena la reforma y se apunta la importancia de cumplir las sentencias. - Efe